Interior consulta a la Abogacía del Estado tras la petición de la Generalitat para poner escolta a Puigdemont en Bélgica
El Ministerio del Interior ha dado traslado a la Abogacía del Estado de la petición formal tramitada este martes por el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Ignasi Elena, pidiendo al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, que active un servicio de escolta para el expresidente Carles Puigdemont en Bélgica «con la máxima urgencia».
Según han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, de tal solicitud para poner escolta se ha dado traslado a la Abogacía del Estado, lo que se ha hecho «antes de realizar ningún trámite ni valoración».
Este martes, desde el Ministerio del Interior adelantaron que es la Generalitat quien tenía que decidir sobre si concede escolta de los Mossos d Esquadra, aunque recordaban que la legislación limita a priori este tipo de protección fuera de España y que, en el caso de Bélgica, tiene que ser este país el que autorice la presencia de policías provistos con armas reglamentarias.
Según explica el conseller, cualquier expresidente «precisa de un servicio de protección adecuado y dimensionado», y ha reclamado que también se hagan los trámites oportunos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las autoridades belgas para trasladar las armas reglamentarias que utilizarán los agentes para prestar el servicio.
NEGATIVAS PRECEDENTES DEL GOBIERNO
En la carta dirigida a Grande-Marlaska, consultada por Europa Press, el conseller Elena le ha recordado que, hasta la fecha, todas las peticiones elevadas por parte de los consellers Miquel Buch, Miquel Sàmper y también suya «han sido rechazadas en varias ocasiones por el Gobierno».
En 2018, el Ministerio del Interior no autorizó el envío de una escolta de los Mossos para proteger a Puigdemont, rechazando así la petición que le hizo el exjefe del Ejecutivo catalán Quim Torra.
La negativa se comunicó, como ahora, previo informe de la Abogacía del Estado, según precisaron entonces fuentes de Interior. En concreto, se sustentó en dos puntos fundamentales: la pérdida de condición de autoridad pública y la existencia de un proceso judicial contra él y una orden de detención interpuesta sobre su persona en territorio español.
El servicio de escolta a Puigdemont ha generado desde su huida de España en 2017 para evitar la acción de la Justicia diferentes polémicas. La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior catalán Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente.
CAMBIO RELEVANTE DEL GOBIERNO
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, adelantó este martes que Puigdemont contaría con escolta, después de que el expresidente desde Bélgica reclamara el servicio con urgencia.
Un día antes, el propio Bolaños registró en el Congreso la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas: la norma permitió desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y, una vez aprobada, también facilitaría el regreso de Puigdemont a España.
El conseller de Interior catalán ha explicado que «esta vez sí, el Gobierno tramitará la petición de protección por parte de los Mossos d Esquadra al president Puigdemont». «Esto supone un cambio relevante respecto a la posición mantenida en los últimos años. En este sentido, solicitamos nuevamente y, con carácter de urgencia, dicho servicio en Bélgica», ciudad donde reside Puigdemont.
