Iglesias defiende reformar el sistema de elección para desbloquear el CGPJ, pues el diálogo con el PP es «estéril»

Considera que eso incentivará al PP a avenirse a la renovación, dado que la derecha en muchas ocasiones «no atiende a razones ni leyes»

El exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias ha abogado por impulsar «hasta las últimas consecuencias» reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para salir del bloqueo de su renovación, dado que apelar al diálogo con el PP es «estéril» porque «no tiene ningún incentivo» para cumplir ese mandato constitucional. Y es que a su juicio, en ocasiones la derecha no atiende a «razones y leyes».

«Si lo que dice ahora la Constitución sobre la renovación del CGPJ no puede forzar de iure al líder de la oposición a que cumpla la Constitución, habrá que transformar la voluntad política en leyes para que no le quede más remedio que cumplirla», ha explicado el exvicepresidente del Ejecutivo en declaraciones a la Cadena Ser, medio en el que colabora y en el que mantendrá habitualmente un debate con la también exvicepresidenta, Carmen Calvo, y el exministro José Manuel García Castaño.

Iglesias ha estrenado así su nueva etapa de analista político en esta emisora tras dejar la política activa, que compaginará también con colaboraciones en otros medios como Contexto , Rac1 y su papel de investigador para un centro adscrito a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

A su criterio, la única manera es llevar hasta las últimas consecuencias una reforma, que no implica una elección por mayoría simple o absoluta, dado que hay mecanismos para lograr una «mayoría cualificada» que evite que «un partido bloquee» dicha renovación.

Concretamente, ha aludido a la posibilidad de impulsar una ley que contemple la opción de un acuerdo por parte de tres quintas partes de la cámara, dado que la situación política ha cambiado mucho desde los años 80, cuando se estableció un sistema tendente a lograr un consenso entre los dos grandes partidos.

El PSOE y Unidas Podemos llegaron a registrar, cuando él formaba parte del Ejecutivo, una proposición de ley para cambiar el sistema de elección, pero finalmente ambas formaciones desistieron.

También ha aseverado que el «tema de los jueces es vital» para el PP y que el nombramiento de ciertos puestos clave de la judicatura puede ser «la vida o muerte» para ciertos exdirigentes del PP, aludiendo con ello al famoso mensajes de whatsapp del dirigente popular Ignacio Cosidó cuando en 2018 dijo que se podía «controlar la sala segunda del Supremo por detrás».

Para Iglesias, el «pretender negociar con quien no quiere negociar es estéril» y su «augurio» es, que de seguir con esta estrategia, la legislatura terminará con el misma composición del CGPJ que ya está caducado. Además, ha lanzado que «la derecha muchas veces no atiende a razones y leyes, sino a demostraciones de voluntad política».

CALVO CREE QUE EL PP ENMASCARA SU NEGATIVA A SER «LEAL»

Sobre el asunto, Carmen Calvo ha dicho que la situación es «incomprensible» y que este bloqueo es un «martillo pilón» al concepto de seguridad jurídica, que es uno de los fundamentos esenciales de las democracias, pues es el elemento central que sustenta que «las normas se cumplen». Algo que ya se le dijo al independentismo catalán cuando intentó «tumbar el orden constitucional» en el referéndum ilegal del 1-O.

La exvicepresidenta primera ha recalcado que la Constitución está en vigor y pauta unos requisitos para renovar el CGPJ, que «hay que cumplir», para criticar que el PP se niega al acuerdo sobre otras instituciones, como el propio Tribunal Constitucional.

También ha reflexionado que el requisito de la independencia judicial a la que apelan los populares es «tan forzado» que no lograr «enmascarar» su negativa a ser «leal» con el Gobierno en esta materia.

MARGALLO: «MUY FUERTE» ACUSAR AL PP DE NO SER CONSTITUCIONALISTAS

Por su parte, Margallo ha defendido que el espíritu de la posición de su partido es mantener la independencia judicial en una tendencia en que los ejecutivos tienen a «colonizar todos los poderes», citando el caso de Polonia o Hungría o las disposiciones anuladas el Estatut de Cataluña.

A su vez, ha trasladado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió en una entrevista que en última instancia la Fiscalía dependía del Gobierno y ha reivindicado que por qué no eso puede llegar al CGPJ. Por tanto, ha defendido recurrir a criterios de mérito o capacidad para lograr una fórmula para la elección del órgano de gobierno de los jueces y evitar llevarlo al «terreno político».

El exministro popular también ha replicado a Iglesias que, con sus posiciones, tiene una visión del poder muy similar a la de Robespierre y que es «muy fuerte» que desde las posiciones de Unidas Podemos se acuse al PP de que no es constitucionalista. También le ha atribuido al exlíder de Podemos una noción política influenciada por el comunismo y de ideologías «populistas».

Los tres han debatido también sobre la subida del precio de la electricidad, ante lo cual Carmen Calvo ha destacado el «esfuerzo increíble» que está haciendo el Gobierno con medidas como la reducción del IVA, que lleva a dejar de ingresar 1.500 millones para corregir el alza «desorbitada» que presenta la factura, revelan la sensibilidad social del Gobierno, a las que seguirán otras iniciativas.

IGLESIAS, SIN MOVILIZACIONES SERÁ «MÁS DIFÍCIL» INTERVENIR EL MERCADO

Mientras, Margallo ha lamentado que durante todas las etapas con el PSOE en el Gobierno el precio de la luz crezca y ha asegurado que las medidas de topes de precios que pretende Unidas Podemos van en contra del diseño del mercado eléctrico europeo. «Lo que no puede ser no es y además es imposible», ha ahondado.

Frente a ello, Iglesias ha rebatido que esas medidas de intervención del mercado sí son factible, como se hace en Francia con la energía nuclear, y que son una cuestión de «voluntad política», pero implica «contrariar» a las grandes empresas del «oligopolio.

Por tanto, ha recalcado que el Gobierno debe decidir si contentar a muchos consumidores o a las empresas y ha desgranado que «sin movilizaciones de la sociedad civil», de sindicatos y asociaciones de vecinos, sera mucho más difícil» que el Ejecutivo de coalición se decante, porque «no basta con que Unidas Podemos lo pida».