Covite solicita a la Fiscalía la revisión de las progresiones de grado a presos de ETA concedidas por el Gobierno vasco

Dice que ninguno de los 8 presos con el tercer grado tiene intención de reinsertarse y siguen vinculados ideológicamente a ETA

SAN SEBASTIÁN, 28

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que estudie si las progresiones de grado a ocho presos de ETA que ha concedido el Gobierno vasco se ajustan al principio esencial de la Ley Orgánica General Penitenciaria, 1/1979, de 26 de septiembre.

Esta ley señala que las instituciones penitenciarias reguladas en la misma «tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad», hs recordado Covite en un comunicado.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, se reunió el pasado 16 de febrero con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para agradecerle la labor de supervisión de los terceros grados a presos de ETA que está llevando a cabo la AN, que «ha dado como resultado la revocación de aquellos terceros grados que no se ajustaban a la legalidad».

«Confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Estamos tranquilos porque la última palabra sobre las progresiones de grado y las liquidaciones de condenas de los presos de ETA la tiene el tribunal sentenciador, es decir, la Audiencia Nacional, y no los gobiernos, ni el central ni el vasco», ha afirmado Ordóñez.

El colectivo ha estudiado «detenidamente» los casos de los ocho presos de ETA a los que el Gobierno vasco ha otorgado el tercer grado -José María Arregi Erostabe, Francisco José Ramada Estévez, José Ángel Lerín Sánchez, Unai Fano Aldasoro, Mikel Arrieta Llopis, Ignacio Crispín Garcés Beitia, Egoitz Coto Etxeandia y Ugaitz Pérez Sorriketa- y ha asegurado que «se trata de miembros de ETA orgullosos de su pasado criminal y que cuentan con todo el apoyo logístico y propagandístico de la izquierda abertzale».

«En nuestro Observatorio de radicalización hemos documentado manifestaciones de petición de amnistía para todos ellos de forma explícita, lo cual evidencia que no se han desvinculado de la disciplina mafiosa de la izquierda abertzale, que sigue controlando a los presos de ETA en las cárceles a través de múltiples visitas, llamadas telefónicas y demás mecanismos de presión», han advertido.

EPPK

Covite ha recordado que desde 2016 el Colectivo de Presos de ETA-EPPK «impone a los etarras dos líneas rojas: ni arrepentimiento ni delación», y que este planteamiento «ha sido ratificado recientemente, el 4 de diciembre de 2021».

Así, ha incidido en que todo los reclusos de ETA «beneficiados» por el Gobierno vasco «siguen vinculados a la izquierda abertzale y al EPPK y no han dado ningún mínimo gesto o señal de voluntad de reinserción, lo que contraviene la jurisprudencia y las resoluciones que viene emitiendo la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a este respecto».

Según ha podido conocer el Colectivo, la Audiencia Nacional «valora especialmente las variables subjetivas a las que se refiere el artículo 156 del reglamento penitenciario, en el que hay que enmarcar el arrepentimiento por el daño causado a las víctimas, el abandono de las ideas que condujeron a la comisión de actos delictivos de terribles consecuencias y la desvinculación de tal organización, porque todo ello es indicador de que el tratamiento penitenciario está surtiendo su efecto».

Para Covite, el único preso de ETA que podría «salvarse de cumplir este requisito» sería José María Arregi Erostabe, Fiti , dada su avanzada edad, razón por la que se le podría otorgar el tercer grado atendiendo exclusivamente a cuestiones humanitarias.

MENTIRAS

Por todo ello, ha acusado al Gobierno Vasco de «mentir cuando nos aseguró que solo iba a conceder terceros grados a aquellos presos que tuvieran una clara voluntad de reinserción y de desvinculación ideológica de ETA, tal y como establece la Ley».

Consuelo Ordóñez ha afirmado que nunca se han fiado de las «intenciones» del Gobierno vasco, puesto que «mientras ETA mataba no querían ser carceleros, y ahora que ETA no mata, nos temíamos que buscasen trampas y vías rápidas para que salieran de la cárcel en cuanto tuvieran la transferencia de prisiones». «Este primer movimiento del Ejecutivo vasco no ayuda a que nuestras sospechas amainen, ha añadido.

Por ello, ha advertido de que van estar «muy pendientes de todo lo que hagan, aunque la última palabra la tenga la Fiscalía, lo cual nos da tranquilidad». Covite ha aseverado que, si la Audiencia Nacional comprueba que las decisiones adoptadas por el Gobierno vasco se ajustan a la legalidad, «el Colectivo acatará la resolución».