Iberdrola pone a disposición de la Justicia a su cúpula, incluido Galán, para aclarar el caso Villarejo

La Comisión Ejecutiva delegada del consejo de administración de Iberdrola ha decidido poner a los administradores y empleados de la compañía, incluido su presidente, Ignacio Sánchez Galán, a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, ante el que se tramitan las diligencias previas de la pieza 17 del denominado caso Villarejo para declarar y ayudar en la finalización de la investigación.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la energética señala que el máximo órgano de la compañía, para «la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas anteriormente referidas y en coherencia con su ánimo de remitir al Juzgado cualquier información relevante», ha adoptado la decisión de poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado que investiga el caso.

De esta manera, pide la comparecencia de la cúpula de la energética «en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible», para proporcionar su testimonio y, de esta manera «facilitar la finalización de la investigación en curso».

En este sentido, Iberdrola considera que la tramitación de la pieza 17 del caso Tándem «ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía, lo que la ha obligado a tomar acciones legales en defensa de su honor y de su reputación, protegiéndose de actos de denigración, y en reclamación de los daños producidos, incluso presentando, cuando ha sido necesario, denuncia por falsedad y querella por sustracción de documentos y revelación de secretos, ambas admitidas por los correspondientes órganos judiciales».

A este respecto, la compañía cree que estas declaraciones e informaciones, ajenas a los intereses de la Justicia, «se han dirigido a propagar sospechas sobre la sociedad y sobre algunos de sus directivos y administradores», que vendrían en realidad «a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos exdirectivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia compañía».

Por ello, afirma que estas constantes sospechas afectan «al buen nombre y reputación» de la empresa, «el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas española del Ibex 35, y las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado».

«UN SIGNIFICATIVO DESGASTE REPUTACIONAL».

La energética señala que lleva «sufriendo» por este caso, cuya investigación judicial se prolonga desde 2018, «un significativo desgaste reputacional».

«Desde el primer momento, y de manera continua hasta ahora, el consejo de administración y sus comisiones han actuado de conformidad con el sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas lasactuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales», añade la compañía.

A este respecto, recuerda que desde que se produjo la primera noticia sobre el caso, la Unidad de Cumplimiento identificó diecisiete facturas abonadas por Iberdrola e Iberdrola Renovables Energía a Cenyt, empresavinculada con el excomisario Villarejo.

Además, la dirección de Auditoría Interna realizó en los años 2018 y 2019 dos informes en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas diecisiete facturas sobre la relación del señor Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado correctamente.

Asimismo, en noviembre de 2019, con la apertura de la pieza 17 en el caso Tándem , destaca que se practicó por el Juzgado Central de Instrucción número 6 un requerimiento de información muy exhaustivo en relación con la contratación, la contabilización y el pago de los servicios prestados por Cenyt a Iberdrola y con el Sistema deCumplimiento de la sociedad, «que fue cumplimentado en un plazo de 48 horas», tanto por la compañía como por su filial Iberdrola Renovables Energía, cada una en relación con los servicios que había contratado (los de Iberdrola correspondientes a los ejercicios 2004 a 2009 y los de Iberdrola Renovables Energía a los ejercicios 2012 y 2017).

La energética también realizó una completa investigación interna, complementada por un informe forensic encargado a PwC, a quien se solicitó una investigación absolutamente independiente y sin limitación ni intervención alguna en cuanto a su alcance, por parte de la compañía.

Iberdrola subraya que del informe «no ha resultado evidencia de ninguna relación del señor Villarejo» con sociedades del grupo distinta de la documentada en las diecisiete facturas existentes, ni tampoco de que en la contratación, contabilización y pago de las mismas se hayan infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, «indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas».