Génova se moviliza contra Teresa Ribera por acusar al juez Castellón de «prevaricar» y urge a Sánchez a desautorizarla
Álvarez de Toledo: «Una vicepresidenta del Gobierno de España, convertida en una Nogueras»
Toda la cúpula del PP ha salido en tromba este viernes contra las declaraciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por acusar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de «prevaricar» y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «desautorizarla» y «rectificar» sus declaraciones. A su entender, este «ataque» al Poder Judicial para «proteger» a Carles Puigdemont, es de una «irresponsabilidad absoluta» que en cualquier país europeo provocaría «una reflexión sobre su idoneidad para seguir en el cargo».
Esta mañana Ribera ha asegurado en TVE que García Castellón tiene «cierta querencia» a pronunciarse en «momentos políticos sensibles», tras insistir el juez en la tesis terrorista en la causa sobre Tsunami Democràtic en la que investiga a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo. Poco después, Moncloa ha asegurado que respetará la decisión que adopte la Audiencia Nacional sobre el caso Tsunami .
Desde Santa Cruz de Tenerife, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha indicado que «quien está asumiendo que en España los jueces prevarican es el propio Gobierno de España» cuando España es «una democracia plena» en la que el Poder Judicial es «independiente» e «imparcial».
«Por lo tanto, exigimos que de manera inmediata el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno que desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta porque si no son ellos los que, con su silencio, están asumiendo que en España hay lawfare y que en España los jueces prevarican, y no es así», ha proclamado ante los periodistas, para insistir en que se «rectifiquen» estas «gravísimas acusaciones».
«EL GOBIERNO ASUME EL ARGUMENTARIO DE OTEGI Y PUIGDEMONT»
Gamarra, que ha culpado al Gobierno de asumir posiciones «independentistas», ha apuntado que los jueces en España «no prevarican sino que ejercen su competencia» en el marco del Estado de Derecho y por tanto, «lo único que hacen es aplicar las leyes».
En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, quién ha preguntado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, si esto es «defender a los jueces». «Es lamentable que el Gobierno de España asuma como propio el argumentario de Otegi y Puigdemont contra nuestro Estado de Derecho», ha afirmado en la red X, antiguo Twitter.
De la misma manera, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que Ribera con sus palabras «ha insinuando que hay jueces que prevarican asumiendo el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial». A su entender, «cada vez es más complicado diferenciar las declaraciones del PSOE de las de ERC o Junts» y se ha preguntado «qué será lo próximo».
«ACABARÁN PROVOCANDO SANCIONES DE BRUSELAS»
Por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha recalcado que el Gobierno, por boca de vicepresidenta, «acuse de prevaricación a un juez porque su independencia le incomoda», algo que ve «gravísimo». «Exigimos una rectificación inmediata», ha demandado, para añadir que «tal desprecio al Estado de derecho es inaceptable en un país de la UE» y «acabarán provocando sanciones de Bruselas.
La portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, ha criticado que ahora el Gobierno también «señale a los jueces para contentar a su socio el prófugo». «Hablan y actúan como el independentismo. Seguiremos denunciando en Bruselas esta deriva contra la separación de poderes», ha avanzando.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que «acusar de prevaricación a un juez» como, a su juicio, ha hecho la vicepresidenta tercera confirma que «el Gobierno es el mayor canal de propaganda del independentismo» y que «ambos están en la misma estrategia de hostigamiento al Poder Judicial».
Según la vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, «ya es indistinguible el discurso del Gobierno de el de los independentistas». «Una vicepresidenta del Ejecutivo atacando al poder judicial y a los jueces para proteger a Puigdemont. Es de una irresponsabilidad absoluta y en cualquier país europeo provocaría una reflexión sobre su idoneidad para seguir en el cargo», ha añadido en la red X.
Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha afirmado que es «lamentable» que Sánchez «esté plegado a los intereses de un prófugo de la Justicia». «Puigdemont ordena y el Gobierno obedece, aunque eso suponga atacar a nuestro propio Estado de derecho», ha añadido.
«TODO LES VALE PARA MANTENERSE EN EL PODER»
También la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del PP, Ana Alós, ha calificado de «gravísimo» que una vicepresidenta del Gobierno «señale a un juez acusándole de lawfare». «Todo les vale para mantenerse en el poder», ha afirmado.
El responsable de Economía del PP, Juan Bravo, ha indicado que «ya no existe un el Gobierno y sus socios porque son exactamente lo mismo». «Una vicepresidenta del Gobierno de España señalando a un juez en la televisión pública que pagamos todos los españoles. Bochorno tras bochorno», ha resaltado.
Muy crítica se ha mostrado también la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha referido a Ribera como «una vicepresidenta del Gobierno de España, convertida en una Nogueras».
Dicho esto, ha acusado al Gobierno de «atacar» a los jueces, «despreciar» a los letrados, «maniatar» a los tribunales», «impugnar» la Constitución y «desafíar» el Estado de Derecho Europeo. «Todo en defensa de la Amnistía. Es decir, de la transacción corrupta –investidura a cambio de impunidad– de la que depende Sánchez para seguir en el poder», ha apostillado.
Por su parte, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, ha denunciado que una vicepresidenta del Gobierno «acuse a un juez de lawfare» en «la televisión pagada por todos». En su opinión, «cada vez cuesta más diferenciar al PSOE de sus socios».
