HRW y otros grupos de DDHH reclaman a RDC que cumpla sus promesas de poner fin a la violencia y su impunidad

La ONG Human Rights Watch (HRW) se ha hecho eco este jueves de las demandas de más de medio centenar de organizaciones y grupos de Derechos Humanos congoleños e internacionales que demandan al nuevo Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) que adopte medidas «contundentes» contra los responsables de las violaciones de las libertades fundamentales que se han cometido contra la población local en las últimas tres décadas.

«El nuevo Gobierno del presidente, Felix Tshisekedi, encabezado por el primer ministro, Sama Lukonde, tiene una oportunidad histórica de abordar los delitos graves pasados y recientes contra el Derecho Internacional» valora HRW.

«Décadas de impunidad por delitos graves continúan alimentando conflictos y abusos en República Democrática del Congo», ha expresado el premio Nobel de la Paz, el doctor Denis Mukwege. «El presidente Tshisekedi debería actuar ahora según su palabra y adoptar una estrategia para abordar la impactante ausencia de justicia y las consecuencias de la impunidad», ha remachado.

RDC es escenario desde la hace treinta años de sucesivos conflictos armados que han devastado el país, provocando miles de muertes y el desplazamientos de decenas de miles de personas. Los ejércitos congoleños y extranjeros, así como los grupos armados no estatales, han cometido innumerables crímenes contra los Derechos Humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Tshisekedi, el quinto presidente en la historia del país, ha prometido desde que llegó al cargo en enero de 2019 que restauraría la Justicia y el Estado de Derecho. Sin embargo, desde entonces no ha establecido «medidas concretas» para combatir la impunidad y la violencia, critican estos grupos de Derechos Humanos.

Por ello, han solicitado al presidente Tshisekedi y al primer ministro Lukonde que se comprometan públicamente que harán de la lucha contra la violencia y la impunidad sufrida estos últimas décadas «prioridad máxima» de su Gobierno, además de establecer «rápidamente» una hoja que marca las pautas a seguir en el futuro.

«Que la violencia continúe hoy día en el este del país es un recordatorio trágico de que se ha hecho muy poco para que los violadores de los Derechos Humanos rindan cuentas», han lamentado desde el movimiento ciudadano Lucha por el Cambio, uno de los que firma el manifiesto.

HOJA DE RUTA

Las más de cincuenta organizaciones han presentado una serie de recomendaciones al nuevo Gobierno congoleño para que comience cuanto antes con las promesas que presentó desde que asumió el poder del país, entre las que se encuentra la formación de un mecanismo judicial internacional específico para este tipo de crímenes en el que haya una importante presencia internacional.

«Esto podría ayudar a crear capacidad y conocimientos especializados entre el personal judicial congoleño y contribuir al fortalecimiento del sistema judicial nacional. También podría ayudar a proteger contra la interferencia política, militar y económica en casos sensibles», han argumentado.

A su vez, han defendido la necesidad de identificar y destituir provisionalmente de sus cargos a todos aquellos agentes de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios del Ejecutivo que puedan estar implicados en graves violaciones de los Derechos Humanos, mientras las investigaciones estén en curso.

«El mecanismo de investigación debe tener en cuenta los informes del Grupo de Expertos de la ONU sobre Congo, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU (UNJHRO), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y las organizaciones congoleñas e internacionales de Derechos Humanos», remarca.

Las pautas ofrecidas también contemplan un programa de desarme y desmovilización de los grupos armados, así como la reintegración de los combatientes en la vida civil, salvo aquellos que sean responsables de «delitos graves», quienes deberán ser enjuiciados en un proceso con todas las garantías.

El programa destinado a las víctimas y sus familias debe proporcionar una reparación por los daños sufridos en forma de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, incluidas aquellas que sobrevivieron a la violencia sexual, en conformidad con el derecho internacional.

ASESINATOS EN MASA Y VIOLENCIA SEXUAL

El informe elaborado por Naciones sobre violaciones de los Derechos Humanos cometidos en RDC publicado en 2010 señala que sólo entre 1993 y 2003, el país fue escenario de más de 600 incidentes «graves» contra las libertades fundamentales y el derecho internacional, incluyendo asesinatos en masa, violencia sexual, reclutamiento de menores y otra serie de tropelías.

Los responsables, revela el informe de más de 500 páginas, no solo habrían sido cerca de los 120 grupos armados irregulares que a día de hoy continúan atacando con total impunidad a la población civil, sino también las fuerzas y tropas gubernamentales, «responsables de asesinatos a gran escala y otros abusos graves».

«Las tropas gubernamentales también han desempeñado un papel importante en la violencia reciente, con oficiales presuntamente abusivos ocupando altos cargos en la cadena de mando», denuncian las ONG.

«A lo largo de los años, los señores de la guerra se han integrado en el Ejército, la Policía y los servicios de Inteligencia congoleños. También han sido promovidos y nombrados para puestos políticos clave mientras siguen involucrados en abusos y se benefician de la economía de guerra», alertan.

Las ONG también han puesto de relevancia la presencia internacional en el conflicto interno, pues mientras las tropas congoleñas a menudo utilizan grupos armados abusivos como fuerzas auxiliares, «los gobiernos extranjeros han brindado con casi total impunidad apoyo a milicias rebeldes», las cuales «controlan franjas de territorio, hostigando e imponiendo impuestos a los civiles, a veces bajo la atenta mirada de los soldados del Gobierno».

Por último, también han lamentado el «limitado» papel del Tribunal Penal Internacional (TPI), con solo jurisdicción sobre los delitos cometidos después del primero de julio de 2002, puesto que solo ha condenado a tres líderes rebeldes por las atrocidades cometidas en Ituri, en el noreste del país, entre 2002 y 2003, pero no han abordado la responsabilidad de otros altos mandos políticos y militares.