HRW repudia la decisión del Gobierno francés de disolver el Colectivo contra la Islamofobia
La ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha lamentado este viernes la decisión del Gobierno francés de disolver la organización Colectivo contra la Islamofobia, una medida que «amenaza los derechos y libertades esenciales», así como el «principio de no discriminación».
La medida fue anunciada el pasado miércoles por el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, en un comunicado vinculado a una serie de reformas «masivas y sin precedentes» contra el «separatismo islámico» que prometió el Gobierno de Francia a raíz del violento asesinato del profesor francés Samuel Paty, apuñalado y decapitado a plena luz del día a mediados de octubre, por mostrar caricaturas del profeta Mahoma durante una de sus clases.
«Sea cual sea su intención, esta medida solo incrementará el riesgo de una mayor estigmatización de los musulmanes en Francia», ha avisado el investigador de HRW para Europa Occidental, Kartik Raj. «Cuando disuelves una organización que eleva legítimas preocupaciones sobre los prejuicios contra los musulmanes, lo que haces es culpar al mensajero en lugar de abordar el problema de la discriminación existente», añade.
El pasado 19 de noviembre, Darmanin hizo pública por vez primera su intención de disolver la organización, a la que concedió ocho días para presentar alegaciones. Agotadas todas las vías, el colectivo anunció su disolución el 30 de noviembre. Darmanin desconfió de esa declaración, y esta semana tomó la decisión de hacer efectivo su cierre por orden del Gobierno francés.
El colectivo ha confirmado a HRW que ha cesado todas sus operaciones y que piensa apelar este último anuncio de Darmanin para tener la última palabra, antes de lamentar que su cierre implica el final del camino para los más de 500 casos de discriminación en los que estaban trabajando.
Aunque Darmanin ha acusado en repetidas ocasiones al colectivo de «actuar como un enemigo» del país, y de «diseminar propaganda islamista», HRW rechaza estas descripciones, acusa al Gobierno de asociar al grupo «vagos términos» como «separatismo» o «comunitarismo», de aplicar una «interpretación agresiva» del laicismo en Francia y señala, por último que el trabajo del colectivo ha sido «importante a la hora de documentar el impacto discriminatorio de la política antiterrorista» francesa.
Asimismo, la ONG recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que es difícil justificar la disolución de una asociación entera siempre y cuando no llame a la insurección armada, una acusación nunca vertida contra el colectivo.
«Esta decisión tan rigurosa del Gobierno francés no hará sino dificultar que las víctimas de los prejuicios antimusulmanes en Francia reciban la compensación adecuada y podría generar miedo a denunciar entre otros afectados, además de alimentar la narrativa de que la política estatal francesa es anti-musulmana», concluye el investigador.
