HRW recuerda que Déby deja «un legado de represión y violaciones» y urge a la UA a actuar para proteger a civiles

La ONG insta al Consejo Militar de Transición, encabezado por un hijo de Déby, a realizar «una rápida transición a un Gobierno civil democrático»

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha recordado que el presidente de Chad, Idriss Déby, fallecido este martes en un combate contra los rebeldes de Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT), ha dejado «un legado de represión y violaciones de los derechos sociales económicos en el país», y ha instado a la Unión Africana (UA) a desplegar un equipo de crisis «para garantizar la protección de civiles y el estado de derecho».

Así lo ha aseverado este martes la organización en un comunicado en el que ha incidido en que el Consejo Militar de Transición (CMT) de Chad debe llevar a cabo «una rápida transición a un Gobierno civil democrático» y respetar «escrupulosamente» los Derechos Humanos y el estado de derecho, así como «evitar cualquier escalada de abusos contra los civiles».

Tras el anuncio de la muerte de Déby, el Ejército ha anunciado que el Gobierno y el Parlamento se han disuelto, se han cerrado todas las fronteras y un CMT encabezado por Mahamat Idriss Déby Itno, uno de los hijos del ya expresidente, estará a cargo del país durante los próximos 18 meses, lo que, según recuerda HRW, «es contrario a la Constitución de Chad», que establece que en caso de muerte de un presidente, «el líder de la asamblea nacional debe liderar provisionalmente el país durante 45 a 90 días antes de una nueva elección».

«Las consecuencias potencialmente explosivas de la muerte del presidente Déby no pueden subestimarse, tanto para el futuro de Chad como para toda la región», ha subrayado al respecto la subdirectora de la organización para África, Ida Sawyer, quien ha apelado a los socios regionales e internacionales del país a «monitorear de cerca la situación y usar su influencia para prevenir abusos contra civiles».

En concreto, Human Rights Watch ha instado a la UA a «desplegar urgentemente» un equipo de crisis de su división de Prevención de Conflictos y Alerta Temprana, incluidos observadores de Derechos Humanos, para, entre otras cuestiones, «urgir a las fuerzas de seguridad chadianas y a los grupos armados a abstenerse de atacar a civiles».

«La UA debería nombrar un nuevo enviado especial para el Sahel, que ayude a reforzar y coordinar los esfuerzos de la Unión en toda la región», ha insistido la organización, que también se ha referido a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) para pedir que apoyen el trabajo de los defensores locales de derechos.

En este contexto, la ONG ha recordado que «durante años», los actores internacionales han apoyado al Gobierno de Déby por su apoyo a las operaciones antiterroristas en el Sahel y la cuenca del lago Chad, así como su participación en otras iniciativas regionales, «mientras que en gran medida hacen la vista gorda ante su legado de represión y violaciones de los derechos sociales y económicos en el país».

«Los líderes de transición de Chad, con el apoyo de socios regionales e internacionales, deberían trabajar para revertir la trayectoria descendente de Derechos Humanos de Chad», ha demandado Sawyer en este sentido.

Déby, que accedió al poder en 1990 a través de un golpe de Estado contra el dictador Hissène Habré, ganó desde entonces todas las elecciones y ha enmendado en dos ocasiones la Constitución para poder seguir presentándose a las urnas, entre ellas una en 2005 para poner fin al límite de dos mandatos, reimpuestos en 2018, sin que le afectaran.

Precisamente, el expresidente ganó las presidenciales del 11 de abril, tal y como se confirmó este lunes, tras un período preelectoral que se vio empañado por una «implacable represión gubernamental contra los manifestantes y la oposición política».

El candidato del Movimiento de Salvación Patriótica (MSP) vio su imagen dañada dentro del país y se desencadenaron protestas en febrero tras el anuncio de su candidatura. La respuesta de las autoridades ante estas, con una extensa represión, tensó los ánimos, especialmente a raíz del asalto en febrero contra la residencia del opositor Yaya Dillo, que se saldó con dos muertos, entre ellos la madre del antiguo líder rebelde.

En este período de manifestaciones, Human Rights Watch ya denunció el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos y el arresto de más de 110 miembros de partidos opositores y seguidores de otras formaciones, que habrían sido además sometidos a agresiones y otros malos tratos durante su periodo bajo custodia.

En esta línea también se expresó Amnistía Internacional, que en su informe anual sobre los Derechos Humanos recogió que las autoridades «restringieron la libertad de expresión» y que las medidas adoptadas frente a la pandemia de coronavirus «limitaron el acceso de muchas personas a la alimentación».

El día de los comicios, el FACT atacó un puesto militar y pidió a Déby que dimitiera, desarrollándose desde entonces enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas del Gobierno en la provincia de Kanem.