HRW pide la retirada del proyecto de Constitución de Kirguistán ya que «pone en peligro» los DDHH

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido la retirada del «problemático» proyecto de Constitución presentado por el Parlamento de Kirguistán, el cual «pone en peligro» los Derechos Humanos y «debilita los controles y equilibrios necesarios para evitar abusos de poder».

El proyecto prevé una consulta y un debate parlamentario antes de que sea sometido a un referéndum nacional el 11 de abril, mientras la organización ha instado, a través de un comunicado, a que se posponga el «examen» de la nueva Constitución «hasta que se haya elegido un nuevo Parlamento», debido a que el actual es provisional, y con el objetivo de «permitir un pleno proceso de reforma».

En este sentido, la investigadora de HRW para Asia Central, Syinat Sultanalieva, ha incidido en que el país «debería tomarse el tiempo necesario para preparar una Constitución que proteja los derechos de todas las personas de manera que cumpla las normas internacionales de Derechos Humanos».

Según ha detallado la ONG, «las disposiciones del proyecto de Constitución relativas al papel del Ejecutivo y del Legislativo erosionan el sistema actual de controles y contrapesos de la Constitución».

En concreto, el artículo 70 otorga al presidente poderes que antes eran exclusivos del parlamento, como iniciar nuevas leyes y referéndums, además del poder de veto existente, mientras el 76 y el 79 permiten que este revoque indirectamente los mandatos de los miembros del Parlamento.

El proyecto de Constitución también supone la transferencia del poder del Parlamento al presidente para nombrar miembros del gabinete y jueces, a los que también podría destituir, entre otras autoridades y cargos como el presidente del Banco Nacional, ha detallado la ONG entre otras consecuencias.

«La forma en que el país organiza su sistema político es una elección que deben tomar los ciudadanos. Sin embargo, es vital que la toma de decisiones por parte de las instituciones relevantes sea transparente y legítima, y que la introducción de nuevas estructuras, como un Consejo Popular, no ofrezca oportunidades para el abuso de poder», ha añadido Human Rights Watch, para agregar que varias de las disposiciones del proyecto deben ser revisadas porque «violan directamente normas internacionales de Derechos Humanos».

Entre ellas, ha citado al artículo 10, que prohibiría actividades, eventos públicos y la difusión de información contraria a «valores morales y la conciencia pública del pueblo de Kirguistán», este último un término «preocupantemente amplio, mal definido y abierto a abusos».

Asimismo, la propuesta no protege el derecho de reunión pacífica e incluye un requisito de obtener un permiso previo para ejercer el mismo, así como crea un «potencial peligroso» para la elaboración de perfiles étnicos y la discriminación de minorías.

HRW ha recordado que el proyecto tenía que haberse hecho público a principios de febrero, lo que no sucedió ya que se envió directamente al Parlamento. En este aspecto, ha solicitado a las autoridades del país que se aseguren de que los ciudadanos y expertos sean consultados sobre el proceso y ha pedido que el Gobierno remita el proyecto a la Comisión de Venecia, que en un informe dijo que el actual Parlamento provisional «no tiene legitimidad para iniciar enmiendas constitucionales de gran alcance».

Por todo ello, varias organizaciones han recomendado a Kirguistán posponer el referéndum constitucional para dar tiempo a revisar el borrados y garantizar que cumpla las normas de Derechos Humanos, ha indicado Human Rights Watch.

«Una nueva constitución sienta las bases para estas acciones, por lo que es de vital importancia para este documento, y el proceso de preparación, defender más allá de toda duda los más altos estándares de derechos humanos y el estado de derecho. A su gobierno le conviene que esto suceda», ha reiterado Sultanalieva.