HRW pide anular «de inmediato» la orden de las autoridades de Kazajistán de «disparar a matar»

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha exigido este viernes a las autoridades de Kazajistán que anulen «de inmediato» cualquier orden de las fuerzas de seguridad kazajas de «disparar a matar» e insta a cumplir los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

«Kazajistán se encuentra en medio de su crisis más violenta desde la independencia y el mundo está muy atento para ver si el gobierno demuestra que respeta los Derechos Humanos», ha dicho la directora asociada de Crisis y Conflictos de HRW, Letta Tayler.

Asimismo, ha añadido que es «fundamental» que las autoridades kazajas se aseguren de que todas las fuerzas de seguridad sobre el terreno «actúen con miras a salvaguardar la vida humana y rindan cuentas si no lo hacen».

«He ordenado a los cuerpos de seguridad y al Ejército que disparen a matar sin advertencia», ha manifestado este viernes Kasim Jomart Tokayev durante un discurso a la nación, en la que ha descartado negociar con los manifestantes, tal y como ha recogido el portal kazajo de noticias Khabar 24.

Así, ha tildado de «estupidez» los llamamientos «desde el extranjero» para «una negociación entre los bandos para resolver los problemas políticamente»: «¿Acaso es posible negociar con criminales y asesinos?», se ha preguntado, antes de incidir en que las autoridades hacen frente a «criminales armados y entrenados, tanto nacionales como extranjeros».

El mandatario ha hecho hincapié en que «la operación antiterrorista continúa en el país» y ha agregado que «hay un trabajo a gran escala y bien coordinado que está siendo llevado a cabo por la Policía, la Guardia Nacional y el Ejército para establecer la ley y el orden, en línea con la Constitución».

Las protestas comenzaron por el malestar del precio del gas pero, extendidas ya a varias ciudades, han terminado por convertirse en un desafío sin precedente a las actuales autoridades, que han solicitado la ayuda militar de los países vecinos, incluida Rusia, para contener las movilizaciones. Además, se han registrado cortes de Internet por todo el país y cientos de personas han sido detenidas.

HRW ha recordado que «todas las interrupciones internacionales del acceso a Internet», condenadas en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de «violar la libertad de expresión y asociación», pueden «dificultar el acceso a la atención médica, la educación y los servicios sociales».

«Las autoridades de Kazajistán han restringido, durante mucho tiempo, los derechos fundamentales y han rechazado los pedidos de reformas, como el levantamiento de las restricciones a las protestas pacíficas y la libertad de expresión y las prohibiciones a los grupos de oposición, y el fin de los enjuiciamientos por motivos políticos de los críticos con el Gobierno», ha dicho la ONG en un comunicado.

Además, en el marco de las protestas, HRW ha denunciado que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, granadas paralizantes y cañones de agua para dispersar protestas pacíficas en las ciudades de Almaty y Aktobe, según pudo comprobar en varios vídeos e imágenes.

Sobre las declaraciones del mandatario kazajo que señalan a los manifestantes como «terroristas» que dañan «la propiedad pública y privada usando armas contra los ciudadanos», HRW argumenta que las autoridades no han ofrecido ninguna prueba ante estas afirmaciones.

HRW ha reiterado que varios corresponsales de medios de comunicación han descrito a las fuerzas de seguridad kazajas «disparando munición real contra manifestantes desarmados».

«El video que Human Rights Watch revisó de los eventos del 6 de enero mostraba a las fuerzas de seguridad kazajas disparando munición real en las calles de Almaty. Un medio local, Orda.kz, informó de que un altavoz en un vehículo militar estacionado en la Plaza de la República de Almaty esa tarde estaba advirtiendo a los transeúntes: ¡Váyanse, dispararemos! «, ha explicado la ONG en un comunicado.

Sobre la violencia que podría desarrollarse de cara al despliegue de tropas en el país, la ONG ha recordado que el Derecho Internacional permite a las fuerzas de seguridad actuar «con la fuerza necesaria proporcional» para defenderse a sí mismos o a otros de amenazas graves.

En concreto, HRW ha detallado que las granadas de aturdimiento no deben usarse en grandes multitudes y, dadas las condiciones invernales en Kazajistán, debe evitarse el uso de cañones de agua. Además, ha subrayado que no se debe utilizar gas lacrimógeno en espacios cerrados.

Con respecto a los detenidos, que por el momento son más de 4.200, HRW ha mostrado su preocupación ante la condición en la que se encuentran o si tienen representación legal: «Las autoridades deben garantizar que todas las personas detenidas en los últimos días gocen de todos los derechos al debido proceso, incluido el acceso a un abogado de su elección».

«Los informes de muertes y lesiones generalizadas y las descripciones del gobierno kazajo de los manifestantes como terroristas plantean preocupaciones de que la policía y el ejército nacionales estén usando fuerza excesiva, incluso contra personas desarmadas», ha dicho.

Tayler ha concluido que tal avalancha de informes e imágenes que muestran a manifestantes muertos y tropas disparando «indiscriminadamente», sugiere que «la Policía y los soldados están desobedeciendo las normas sobre el uso de la fuerza».

«El gobierno de Kazajstán debe mostrar tolerancia cero por la fuerza excesiva por parte de sus fuerzas de seguridad o de las tropas extranjeras en el país y debe hacer cumplir el respeto de las normas legales internacionales», ha zanjado.