HRW pide a India detener todos los «retornos forzados» de refugiados a Birmania, donde enfrentan «riesgos»

La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido este martes al Gobierno de India detener «cualquier plan de deportación de personas de etnia rohingya y otras» a Birmania, donde correrían «riesgos» a causa de la situación política del país a raíz del golpe de Estado por parte del Ejército.

Según ha detallado la organización en un comunicado, el 6 de marzo, las autoridades de Jammu y Cachemira detuvieron a casi 170 rohingya y los enviaron a un centro de retención como parte de un proceso de verificación para después deportarlos.

Además de estos refugiados, las autoridades de Birmania también han pedido al Gobierno indio que devuelva a ocho policías que, junto con sus familias, buscaron refugio en India tras el golpe militar.

Así, la directora para Asia Meridional de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly, ha advertido que «cualquier plan para devolver a la fuerza a los rohingya y a otras personas a Birmania les devolverá a las garras de la opresiva junta militar de la que huyeron»,

«Los militares birmanos, que llevan mucho tiempo abusando de ellos, son aún más anárquicos ahora que están de nuevo en el poder, y el Gobierno indio debe cumplir con sus obligaciones de derecho internacional y proteger a quienes necesitan refugio dentro de sus fronteras», ha precisado.

En 2017, India informó de que consideraba a los rohingya como «inmigrantes ilegales», una etnia perseguida en Birmania, de donde han huido más de un millón, principalmente a Bagladesh, mientras que los que han permanecido en el país afrontan una fuerte represión y violencia, sin libertad de movimiento, sin acceso a la ciudadanía ni a otros derechos básicos.

Para HRW, los abusos contra los rohingya en el estado de Rajine equivalen a los crímenes contra la humanidad y persecución, de hecho, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) impuso en enero de 2020 medidas provisionales en Birmania para evitar el genocidio mientras juzga las presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio.

En este contexto, la organización ha recordado a las autoridades indias que cualquier devolución forzosa supondrá una violación del principio jurídico internacional de no violación, que prohíbe a los países devolver a nadie a un país donde pueda sufrir persecución, tortura u otros daños graves.

En India se estima que hay 40.000 rohingya, de los cuales al menos 16.500 están registrados en ACNUR. Desde 2016, grupos extremistas hindúes han atacado a los refugiados rohingya en Jammu y han pedido su desalojo.

Por esto, «India no debe deportar a los rohingya ni a otras personas, incluidos los policías y sus familias, a Birmania hasta que el Gobierno pueda determinar adecuadamente si solicitan asilo», ha instado Human Rights Watch.

En caso afirmativo, «tienen derecho a una revisión justa y eficaz de su solicitud» y los que se consideren refugiados deben tener acceso a la educación, la atención sanitaria y el empleo, mientras que cualquier persona que sea deportada debe tener acceso a un procedimiento justo para determinar si se enfrenta a un daño en caso de retorno.