HRW insta a Níger a tomar su primera transición democrática como impulso para perseguir los crímenes de guerra

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado al nuevo Gobierno del presidente de Níger, Mohamed Bazoum, a que aproveche la primera transición democrática desde la independencia del país en 1960 para iniciar un proceso de rendición de cuentas por los crímenes de guerra que se han cometido desde entonces.

«El presidente Bazoum, mientras se enfrenta a tiempos difíciles y grupos armados que han cometido numerosas atrocidades, tiene la oportunidad de mostrar un liderazgo sólido al priorizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por todas las partes», ha señalado el investigador de crisis y conflictos de HRW, Jonathan Pedneault.

La ONG ha recordado que solo desde enero de 2021, los grupos islamistas han matado a más de 310 personas, entre las cuales se encuentran las cerca de 140 víctimas mortales que se registraron el 15 de marzo en una localidad cercana a la ciudad de Tahoua, en el sur del país, en la que es considerada la mayor masacre de civiles de la historia reciente de Níger.

«Con un creciente número de civiles muertos, decenas de personas desaparecidas y el aumento de los ataques ilegales de los grupos islamistas armados, está claro que los abusos de un lado engendran abusos del otro», ha recalcado.

HRW ha enviado una carta a las nuevas autoridades del país para que comiencen los trámites para investigar 18 denuncias graves de abusos cometidos desde octubre de 2019 en las regiones fronterizas de Tillabéri y Tahoua por parte tanto de los grupos armados irregulares como de las fuerzas de seguridad, a las cuales, apunta la ONG, se responsabiliza de al menos 185 muertes de las casi 500 constatadas.

«El Gobierno del presidente Bazoum debe tomar medidas urgentes y audaces para revertir esta tendencia y buscar justicia para todos los crímenes de guerra, ya sean cometidos por combatientes islamistas o por las fuerzas de seguridad», dice Pedneault.

ABUSOS Y VIOLACIONES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

HRW ha denunciado que desde 2019 las fuerzas de seguridad de Níger han ejecutado y hecho desaparecer a «decenas de sospechosos» como parte de sus operaciones antiterroristas, después de que desde 2015 varios grupos islamistas armados hayan matado «a cientos» de aldeanos, ejecutado a trabajadores humanitarios, líderes locales, atacado a funcionarios electorales y centros escolares.

«Ha habido pocas investigaciones creíbles y poca responsabilidad por estos delitos, que han empeorado drásticamente durante el año pasado», ha alertado HRW, que dispone de los nombres de 178 víctimas asesinadas supuestamente por las fuerzas de seguridad entre octubre de 2019 y mayo de 2020.

Tillabéri, que limita con Malí y Burkina Faso, es un punto importante de enfrentamientos entre estos grupos islamistas armados y las fuerzas de seguridad tanto nacionales como regionales e internacionales. La región de Tahoua, fronteriza con Malí, también es escenario de este tipo de episodios violentos.

Pese a los datos que manejan, la ONG lamenta que las autoridades nigerinas solo haya iniciado una investigación por crímenes de guerra cometidos supuestamente por sus fuerzas gubernamentales, la de la desaparición forzada de un centenar de personas en Tillabéri en marzo y abril de 2020, abierta por el anterior Gobierno.

«Si bien los investigadores no encontraron pruebas creíbles de la participación de las fuerzas de seguridad en estos incidentes, no proporcionaron ninguna evidencia razonable o explicación sobre estas desapariciones», ha criticado HRW.

«Los responsables de cometer violaciones graves del derecho de la guerra con intención delictiva, incluida la responsabilidad del mando, pueden ser procesados por crímenes de guerra. Los estados tienen la obligación de investigar y enjuiciar adecuadamente estos crímenes cometidos dentro de su territorio», enfatiza.

En caso de que «el sistema de justicia militar de Níger no investigue seriamente estos presuntos abusos cometidos por su personal contra civiles», HRW subraya la necesidad de que sean «investigadores y tribunales civiles» quienes se encarguen de estos casos.