HRW acusa a las fuerzas de seguridad birmanas por la muerte de decenas de personas bajo su custodia

La ONG Human Right Watch (HRW) ha acusado al Ejército y la Policía de Birmania por su supuesta implicación en la muerte de decenas de personas que estaban bajo su custodia desde que se fraguó el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

Según un informe elaborado por la organización, seis activistas detenidos por las fuerzas de seguridad del país habrían sido sometidos a tortura o se les habría negado una atención médica adecuada, todo esto ante la pasividad de las autoridades de la junta militar, que no habrían tomado medidas contra los presuntos responsables.

«Las seis muertes documentadas por Human Rights Watch son solo la punta del iceberg del sufrimiento y la tortura de las personas detenidas por el Ejército y la Policía de Birmania», ha sostenido el investigador de la ONG para Birmania, Manny Maung.

«Dada la crueldad de la junta en todos los aspectos de su Gobierno, no sorprende que no se haya tomado ninguna medida evidente para investigar las muertes bajo custodia y llevar a los responsables ante la justicia», ha subrayado Maung.

La organización a instado a las autoridades birmanas a poner fin «de inmediato» a los abusos contra quienes se oponen al gobierno militar, incluidos los arrestos y detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, así como «los juicios injustos».

Asimismo, HRW ha subrayado la importancia de que se informen sobre las muertes bajo custodia con la documentación adecuada a la familia de la persona, así como de que el cuerpo se devuelva y que los responsables de los «abusos» rindan cuentas.

La Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos, con sede en Tailandia, estima que al menos 73 personas han muerto bajo custodia policial o militar en comisarías, centros de interrogatorio militar y prisiones desde el golpe.

«Esta muertes son solo un pequeño porcentaje de las al menos 690 personas que han muerto poco después de ser detenidas por las fuerzas de seguridad, a menudo durante operaciones militares en zonas de minorías étnicas. La junta militar solo ha reconocido algunas muertes bajo custodia, pero las atribuye a enfermedades o insuficiencia cardiaca», ha detallado HRW.

No obstante, activistas de Derechos Humanos, testigos y fuentes cercanas a las víctimas han asegurado que la evidencia física disponible indica que «muchos murieron por tortura u otros malos tratos, incluidas las malas condiciones de detención y la falta de acceso a atención médica adecuada».

Entre las seis víctimas que HRW ha documentado, una de ellas es miembro del partido Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi. Zaw Myat Linn, de 46 años, era un líder comunitario y un funcionario local de la LND en Yangon.

Se lo llevaron de su casa en Yangon por la noche el 8 de marzo de 2021. A la mañana siguiente, su familia recibió una llamada telefónica en la que se le comunicaba que había muerto bajo custodia y que podían recoger su cuerpo.

Las fotografías del cuerpo de Zaw Myat Lin vistas muestran que tenía la lengua deformada, le faltaban dientes y tenía la piel de la cara desprendida. Un lado de su cuerpo estaba magullado y cosido quirúrgicamente.

Las otras víctimas incluidas en el informe son Khin Maung Latt, de 58 años; y Than Tun Oo, de 48, ambos del partido LND de Suu Kyi; así como Khet Thi, de 43 años; Tin Maung Myint, de 52 años; y Kyaw Swe Nyein, de 55 años, todos los cuales se habían unido y liderado movimientos de protesta tras el golpe.

Cinco murieron a las 24 horas de ser detenidos e interrogados, mientras que Kyaw Swe Nyein murió dos meses después de su detención, según el informe.

Ninguna de las familias de los hombres ha recibido certificados médicos oficiales, causa de muerte o informes de autopsia, a pesar de la evidencia de que se realizaron autopsias en cuatro de los seis cuerpos, según la ONG.

«La junta debe emitir certificados médicos para todos los casos de muerte bajo custodia y proporcionar informes de autopsias a las familias si se realizaron autopsias», ha exigido.

Con todo, la organización ha pedido a la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que expresen su preocupación por las muertes bajo custodia de las fuerzas de seguridad birmana y a que presionen a la junta para que les ponga fin.

Además, ha pedido que se fortalezcan las sanciones dirigidas contra las empresas de propiedad militar, los militares y el liderazgo de la junta del Consejo de Administración Estatal (SAC) bajo el mando del general Min Aung Hlaing.

«La muerte de personas bajo custodia se encuentra entre las atrocidades ocultas que las fuerzas de seguridad de la junta cometen todos los días», ha dicho Maung.

«Los Gobiernos preocupados deberían garantizar la condena mundial de estos horribles abusos», ha añadio.