Higuera asegura que los contratos a Conurca los adjudicó el consejo de administración de Cantur

Fiscalía y defensas denuncian la «falta de colaboración» de la empresa pública y los tintes políticos del caso

El exdirector de Cantur Diego Higuera ha declarado que los contratos menores adjudicados a la empresa Conurca para el proyecto de innivación en la estación de Alto Campoo fueron aprobados por el consejo de administración de la empresa pública, previa solicitud de tres ofertas e informe técnico de valoración de las mismas. Asimismo, ha asegurado que quien decidió que se invitara a Conurca fue Fernando Castro, que era consejero delegado en ese momento.

«Cumplí la legislación», ha declarado Higuera en el juicio celebrado este lunes en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander, en respuesta a las preguntas de la Fiscalía y Cantur -acusación popular-, que le piden 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Le acusan de fraccionar contratos del proyecto de innivación artificial de Alto Campoo en los años 2010 y 2011 a favor de Conurca, estudio de ingeniería de Pablo Sámano, que a su vez era gerente del Consorcio de Museos. Sámano, que también está acusado en calidad de cooperador necesario, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Frente a lo declarado por Higuera, la fiscal sostiene que el exdirector general tenía «un poder omnívoro», que «todo pasaba por sus manos y no se sometía a ningún procedimiento». «No mandaba el consejo de administración sino Diego Higuera», ha dicho, a la vez que ha denunciado adjudicaciones a Conurca «sin cobertura documental» y de una manera «casera» para «eludir procedimientos más exhaustivos».

Asimismo, ha dicho que había entre ambos acusados «una relación de confianza y de amistad». En la misma línea, el abogado de Cantur ha mantenido que los requisitos del delito de prevaricación «se dan en su grado máximo», ha criticado la «omisión reiterada del procedimiento». «Se beneficia a Conurca porque hay unas relaciones personales», ha señalado.

Sin embargo, las defensas sostienen que no hay fraccionamiento porque ya en 2008 Cantur decidió que el proyecto de los cañones de nieve se hiciera en dos fases. Así, han señalado que se encargó a una empresa el anteproyecto y pliegos de la primera fase, la captación de agua del río Hijar y su almacenamiento en balsas; y a Conurca la segunda fase, consistente en la conducción del agua hasta los cañones para convertirla en nieve.

Han añadido que tras dos informes negativos de Biodiversidad y Confederación del Ebro, se encargó a Conurca el modificado del anteproyecto de la primera fase, que obligó también a modificar el segundo.

El perito designado por el juzgado de instrucción considera a la vista de las actas del consejo, las hojas de pedido y las facturas, que el objeto de los contratos es el mismo y que «lo que se factura» a Conurca «son los mismos trabajos, no son independientes unos de otros». Por su parte, el autor del informe pericial encargado por Sámano concluye que el objeto es el mismo pero son «trabajos diferentes e independientes y comprenden obras completas».

Ha declarado como testigo la diputada del PRC Ana Obregón, trabajadora de Cantur desde el año 2004 y en excedencia desde julio de 2019. A juicio de la fiscal, Obregón ha realizado una declaración «mucho más blanda» que la que hizo en la fase de instrucción, cuando dijo que la contratación en Cantur era «caótica».

Obregón ha explicado al respecto que en esa época, Cantur no tenía claro cómo tenía que actuar en materia de contratación y los procedimientos no eran tan exhaustivos como los de una administración pública. «Empezaron a serlo a partir de 2015», ha dicho. Por otro lado, ha asegurado que no sabía que Sámano era el gerente del Consorcio de Museos, que se enteró después, y que no recibió nunca ninguna instrucción para hacer ninguna excepción con Conurca.

FALTA DE COLABORACIÓN DE CANTUR

En el juicio, que se ha aplazado en varias ocasiones por falta de documentación, tanto la Fiscalía como las defensas han denunciado la «falta de colaboración» de Cantur a la hora de aportar documentación, algo que la fiscal ha «ligado» al hecho de que el «color político es idéntico al que existía cuando se produjeron los hechos».

Entonces, como ahora, gobernaba en Cantabria la coalición PRC-PSOE y Cantur estaba dirigida por el PRC. Tanto Higuera como Sámano fueron nombrados en el año 2003 por el entonces consejero de Cultura, Turismo y Deporte y dirigente del PRC, Francisco Javier López Marcano.

A preguntas de la fiscal, Higuera ha declarado que cuando Cantur encargó los anteproyectos de la innivación a Conurca, no sabía que el hijo de Marcano trabajaba en esa empresa y que lo supo después al ver su firma en un documento. A preguntas del abogado de Cantur, ha añadido que tampoco sabía que Sámano era gerente del Consorcio de Museos ni que ese nombramiento lo hizo Marcano.

Asimismo, ha declarado que Cantur adjudicó a Conurca cuatro o cinco contratos por un importe total de unos 137.000 euros «de los 28 millones de inversión» que se hizo en esa época. En el caso de los cañones de nieve de Alto Campoo, las defensas han explicado que primero se encargó a Conurca

El procedimiento contra Higuera y Sámano se abrió a raíz de la comisión de investigación del Parlamento sobre Cantur, impulsada por el PP al llegar al Gobierno regional en 2011 tras dos legislaturas de coalición PRC-PSOE, y la posterior denuncia de la Fiscalía.

«MANIOBRA POLÍTICA»

La defensa de Sámano ha dicho que «siempre que la política intenta instrumentalizar la justicia el resultado es lamentable». El abogado de Higuera ha ido más allá, al denunciar que este caso es el resultado de una «maniobra política, una acusación falsa y temeraria realizada con la única finalidad de atacar a los rivales políticos».

Álvaro Sánchez Pego ha señalado al expresidente de Cantabria y expresidente del PP, Ignacio Diego, como «artífice de esas tropelías procesales». «Es quién debería estar acusado y en la cárcel», ha señalado el letrado, quien ha pedido la absolución de su cliente, condena en costas a Cantur por acusación «temeraria» y que se deduzca testimonio contra las personas que «han ocultado documentos de trascendencia pública».

Tras recordar que Higuera -junto al propio Marcano- fue absuelto de la acusación de prevaricación en el juicio de la Casa de los Gorilas, el letrado ha señalado que «a estas alturas, nos importa ya muy poco que le condenen a diez años de inhabilitación, sino que lo que queremos es que se resarza su buen nombre, bilipendiado día a día en los medios de comunicación

Es el último juicio al que se enfrenta Higuera después de que el pasado mes de marzo la Audiencia le condenó a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por malversar 20.000 euros, tras una denuncia de Cantur en 2012, también bajo el mandato del PP. Fiscalía y Cantur cuantificaban inicialmente la malversación en 92.000 euros y pedían siete años de prisión.