Hereu pide diálogo en la ley de industria y CCOO y UGT reclaman protección laboral ante deslocalizaciones
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha reunido este miércoles con los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, para presentarles el borrador de la futura ley de industria y autonomía estratégica, cuyo anteproyecto quiere aprobar el Ejecutivo en Consejo de Ministros a lo largo del próximo mes de septiembre.
«Tiene que ser una ley de industria de país fruto del diálogo y el consenso de los grandes asuntos», ha comentado el ministro Hereu antes de entrar a la reunión con los representantes de los trabajadores, con quienes ha debatido el futuro del texto legislativo que, a lo largo del cuarto trimestre, se enfrentará previsiblemente a su tramitación parlamentaria.
«La tramitación de la ley requiere de unas nuevas prácticas de política industrial», ha añadido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ha puesto el foco en el desarrollo de un entorno favorable desde el punto de vista energético y de sostenibilidad que, en su opinión, tiene que servir como vector de atracción a la inversión en los sectores económicos del futuro.
EVITAR DESPIDOS COLECTIVOS EN DESLOCALIZACIONES
Asimismo, los procesos de deslocalización empresarial son un foco de preocupación para los sindicatos y por ello piden que la legislación «sea retocada» en lo que tiene que ver con los despidos colectivos.
«Estos procesos dejan desprotegidos a los trabajadores y al territorio donde su vida gira en torno a una actividad económica», ha sentenciado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez
ASEGURAR EL FUTURO INDUSTRIAL
El objetivo vector de la futura ley es la reindustrialización del tejido económico nacional, al tiempo que se busca incrementar la productividad del sector mediante la simplificación de trámites administrativos, la aplicación de nuevas soluciones digitales o la innovación en el marco de una nueva cultura industrial.
Asimismo, esta hoja de ruta demuestra la necesidad de generar una nueva autonomía estratégica a nivel europeo, evitando procesos de deslocalización y desindustrialización a fin de reducir las dependencias de grandes centros productivos a nivel mundial y evitar posibles crisis de abastecimiento como la sufrida durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19 con el material médico.
Entre las novedades del proyecto que prepara el Gobierno se contempla una nueva regulación de los instrumentos de planificación estratégica con las directrices básicas de la nueva política industrial europea válidas hasta 2030, según los cálculos del Ministerio.
Al tiempo, desde un punto de vista más específico, el Ejecutivo prepara un plan estatal de industria y autonomía estratégica con programas concretos, medidas, recursos y procedimientos con una duración de 3 años de validez.
