Hacienda veta una enmienda para ligar el SMI a la prestación por desempleo y que sea el 60% del sueldo medio
El Gobierno ha vetado una enmienda del BNG en el Congreso para fijar por ley que el Salario Mínimo Interprofesional sea el 60% del salario medio y que la prestación y el subsidio por desempleo nunca puedan estar por debajo de esa cantidad, pues esta medida supondría un incremento del gasto público de 6.030 millones de euros anuales.
Se trata de una enmienda que el BNG había registrado al articulado del proyecto de ley para reformar el sistema de invalidez permanente. En concreto, el Bloque buscaba reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para vincular el salario mínimo al 60% del salario medio.
Para realizar este cómputo, la formación plantea que se atendiese al método de cálculo utilizado por el Comité Europeo de Derechos Sociales y a los módulos salariales que publica la Agencia Tributaria. Asimismo, se proponía que el SMI sirviera como referencia para la prestación y el subsidio por desempleo, de modo que nunca puedan ser inferiores al salario mínimo.
EL GOBIERNO DICE QUE NO SE TIENE EN CUENTA AL DIÁLOGO SOCIAL
El Ejecutivo argumenta que aunque el BNG respeta en su enmienda que la fijación del SMI se haga previa consulta a sindicatos y patronales, el hecho de fijarlo por ley en un 60% del salario medio «supone sustraer dicha participación de los agentes sociales».
Por lo que se refiere a la prestación contributiva por desempleo, el Gobierno dice que la cuantía mínima está fijada actualmente en el 107% o del 80% del IPREM, según que el trabajador tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo, por lo que su equiparación al SMI supondría un aumento del gasto público «que no es posible determinar».
En el caso del subsidio por desempleo, su cuantía es actualmente igual a los siguientes porcentajes del IPREM vigente en cada momento: el 95% durante los 180 primeros días, el 90% desde el día 181 hasta el 360, y el 80% desde el 361, por lo que su equiparación con el SMI supondría también un aumento del gasto público. Durante casi todo 2024, la cuantía del subsidio fue de 480 euros al mes (80% del IPREM), mientras que el SMI mensual se situaba en los 1.134 euros mensuales.
Teniendo en cuenta el importe provisional de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2024 (4.425 millones de euros), el Gobierno calcula que el incremento de gasto estimado con la propuesta del BNG se situaría en torno a 6.030 millones de euros anuales. Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido usar el poder de veto que tiene constitucionalmente reconocido para parar ese enmienda y que ni siquiera se llegue a debatir.
