Hacienda alega no poder contestar preguntas del PP sobre el hermano de Sánchez, pero garantiza que no hay «privilegios»
El Ministerio de Hacienda no ha contestado a preguntas de varios diputados del PP sobre la situación fiscal de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, alegando que no puede «informar de la situación específica de contribuyentes concretos» pero, en cualquier caso, asegura que somete a un «tratamiento justo y equitativo» a todos ellos «sin privilegios de ningún tipo».
El vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendondo, junto con otros diputados del Grupo Popular, registraron una batería de preguntas al Ejecutivo sobre las informaciones relativas al hermano de Sánchez.
Querían saber, entre otras cosas, si el Ejecutivo ha tenido alguna relación contractual o ha dado subvenciones o ayudas a la sociedades participadas de forma directa o indirecta por Víctor de Aldama y otros implicados en el caso Koldo y que se habrían utilizado como «tapadera» para ocultar el patrimonio inmobiliario que habrían obtenido mediante la trama de mordidas por los contratos de mascarillas.
El PP preguntó al Gobierno si Hacienda ha iniciado alguna investigación sobre la utilización de esas sociedades «para la evasión fiscal, la fuga de capitales o el desvío de las comisiones ilegales».
Además, los populares se interesaban por el hecho de si esa «presunta trama societaria destapada en la localidad portuguesa de Elvás» tiene «alguna relación con el hecho de que otro ciudadano español perteneciente al entorno del presidente del Gobierno resida allí» y «acabe de adquirir un palacete construido sobre los restos de un castillo medieval mediante dos cheques bancarios».
PRINCIPIO DE EQUIDAD
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno subraya que la Agencia Tributaria, que tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero «se desempeña con plena independencia, sirviendo con objetividad los intereses generales y con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico».
Además, recalca que es la normativa tributaria la que «determina los procedimientos mediante los cuales se lleva a cabo la aplicación del sistema tributario con la debida equidad y de acuerdo con los principios constitucionalmente reconocidos».
«Así, la Agencia Tributaria cuenta con sus propios protocolos y mecanismos de prevención y lucha contra el fraude fiscal que permiten detectar los casos de posibles incumplimientos de las obligaciones tributarias y actuar en consecuencia», señala sin dar más detalles.
En este contexto, subraya el Ejecutivo, el fisco «trata por igual a todos los contribuyentes en aplicación» en aplicación del «derecho a la igualdad y a la no discriminación» y garantiza «la generalidad del deber de contribuir de todos los ciudadanos al sostenimiento del gasto público».
«Dicho tratamiento justo y equitativo a todos los contribuyentes, sin privilegios de ningún tipo, se asegura además por el sistema de controles y garantías administrativas y judiciales propio del Estado de Derecho, que incluye el control judicial de la legalidad de la actuación administrativa, así como su sometimiento a los principios que la justifican (artículo 106 CE)», añade el Ejecutivo en su respuesta a los parlamentarios populares .
DERECHO A LA IGUALDAD
Asimismo apela al «derecho a la igualdad» para invocar el «derecho de todos los obligados tributarios al carácter reservado de sus datos», reconocido por el artículo 34.1.i) de la Ley General Tributaria.
«Por lo tanto, se informa de que no es posible informar de la situación específica de contribuyentes concretos», agrega, citando el artículo 95 de la misma ley que establece que «los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado, recogiendo una serie de supuestos tasados que son los únicos casos en que se puede excepcionar dicho carácter».
El Gobierno también deja claro que la Agencia Tributaria tiene como objetivos estratégicos la prevención y la lucha contra el fraude fiscal y que, para la consecución de los mismos, anualmente aprueba el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero.
