Guindos (BCE) confía en un análisis con «profesionalidad» de la OPA de BBVA sobre Sabadell


El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha expresado este lunes su confianza en que las autoridades de competencia realizarán un análisis «con profesionalidad» de la operación planteada por BBVA para hacerse con el Sabadell, después de que la institución monetaria diera su visto bueno desde el punto de vista de la solvencia.

«Nosotros dimos el visto bueno desde el punto de vista de solvencia, y después tienen que entrar lo que son las autoridades de competencia, analizarlo desde el punto de vista de competencia, y yo espero que se haga con profesionalidad», ha apuntado De Guindos durante una entrevista con Onda Cero.

En cualquier caso, el vicepresidente del BCE ha evitado prejuzgar lo que vaya a ocurrir, limitándose a recordar que la entidad ya dio su visto bueno a la potencial fusión, en función de consideraciones prudenciales y de solvencia.

El pasado mes de septiembre, el BCE notificó a BBVA su decisión de no oposición a la toma de control de Banco Sabadell como resultado de la oferta pública de adquisición (OPA) planteada.

De su lado, a mediados de noviembre, la CNMC acordó elevar a fase 2 el análisis de la OPA al no poder descartar un riesgo de empeoramiento de condiciones comerciales para pymes, reducción del crédito también a pymes ni de empeoramiento de condiciones del negocio de adquirencia, tras analizar los compromisos dados por BBVA para que se aprobase en fase 1.

Elevar a fase 2 la operación supone, en la práctica, ampliar el calendario de la OPA que manejaba BBVA. Esta fase puede durar hasta tres meses, si bien no se cuentan en este plazo las posibles suspensiones que Competencia pueda aplicar para solicitar más información.

Una vez concluido este análisis en profundidad, Competencia podrá aprobar la operación sin condiciones, con ellas o prohibirlas. En el caso de los dos últimos supuestos, la operación sería elevada al Ministerio de Economía que podría llevarla, a su vez, al Consejo de Ministros y que se pronunciaría sobre criterios distintos a la competencia, como la defensa y seguridad nacional o la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial.

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