Guatemala.- Tres magistrados del TSE salen de Guatemala tras perder la inmunidad

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala condena la retirada de la inmunidad de los magistrados

El Instituto Guatemalteco de Migración ha informado este viernes de que tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han salido del país después de que el Congreso diese luz verde a retirar su inmunidad en el marco de una investigación contra el organismo por la compra fraudulenta de un programa informático.

Los afectados son Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera. La retirada de la inmunidad, aprobada con 108 votos a favor a última hora del jueves (hora local), afecta también a la presidenta del TSE, Irma Palencia, según ha informado el diario guatemalteco La Prensa .

La votación se llevó a cabo al término de la legislatura, que finalizaba en la víspera, tras posponerse en un primer momento la sesión por falta de quórum en la Cámara. Para pasar la medida eran necesarios al menos 107 votos.

Esto se produce después de que una comisión creada por el Congreso recomendara retirarles la inmunidad a los mencionados anteriormente por presuntas irregularidades en la compra de un programa informático para transmitir los resultados electorales de los últimos comicios.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala ha asegurado en la red social X que la retirada de la inmunidad de los cuatro magistrados «se suma a una larga lista de acciones muy preocupantes».

«Estas acciones, como señaló el Alto Comisionado Volker Turk, parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el Estado de derecho en general», ha indicado, reiterando su llamamiento a «todas las autoridades a respetar el Estado de derecho y salvaguardar la democracia».

La Fiscalía argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) pese a que había otra oferta menor «que hubiera permitido ahorrar 34 millones» (4,1 millones de euros).

Las tensiones entre la Fiscalía y el TSE se retrotraen a cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, trató de cancelar la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, ganador en las últimas elecciones de la mano de Bernardo Arévalo, por supuestas anomalías en su inscripción, una petición avalada por el juez séptimo penal, Fredy Orellana.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y señaló que el candidato de dicho partido, Arévalo, podía competir en una segunda vuelta. Tras la victoria de Semilla, el fiscal volvió a suspender a la formación a través del encargado del Registro de Ciudadanos, que consideró que el amparo de la Corte de Constitucionalidad no tenía vigencia.

Poco después, el TSE revertió el fallo, si bien la Fiscalía continúa realizando acciones judiciales en contra del proceso electoral. Las pesquisas del Ministerio Público en una sede del órgano electoral –donde realizaron registros para recabar pruebas por los supuestos delitos de Semilla– provocaron que Arévalo paralizase de forma temporal el proceso de transición.

El TSE dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión como presidente el próximo 14 de enero junto con su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera.