Govern balear pretende «minimizar riesgos» con negociaciones de las legalizaciones de edificios en zonas inundables

PALMA, 20

El Govern ha asegurado que el objetivo de las negociaciones de los grupos parlamentarios para evaluar la legalización de construcciones en zonas inundables es «minimizar riesgos» pero «no prohibir siempre».

De esta manera se ha pronunciado el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, para dar cuenta de la Ley Omnibus que se podría aprobar en las próximas sesiones.

En su turno de réplica, ha criticado que la oposición de izquierdas asocie «minimizar riesgos a prohibición» y ha reprochado que el anterior Ejecutivo permitiera construir viviendas en explotaciones agrícolas o equipamientos de servicios públicos en zonas inundables.

Asimismo, ha censurado que se prohibiera construir en «áreas de riesgo» cuando, a su juicio, «no tienen aval técnico» y son una «brocha gorda».

El vicepresidente se ha mostrado de acuerdo con el diputado de Vox Sergio Rodríguez en que «legislar en caliente no es lo más adecuado», por lo que ha apuntado que se hará con «criterios técnicos» para ver si «se pueden introducir mejoras que reduzcan riesgos».

Anteriormente, ha alegado que al Govern «no le corresponde» entrar en las negociaciones que puedan llevar a cabo los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo sobre la legalización de viviendas en zonas inundables.

Costa ha indicado que el Govern está «de acuerdo» en el espacio de debate que se ha abierto sobre este tema, a raíz de las consecuencias de la DANA que ha afectado a la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

«Es una ley que emana del decreto ley de Simplificación Administrativa pero hay algunas cuestiones abiertas que los grupos están negociando y no le corresponde al Ejecutivo dar cuenta de las enmiendas que se incorporan o no al texto definitivo», ha señalado.

A continuación, Costa ha desgranado algunas de las diferentes medidas que contiene este decreto ley que ahora se tramita como proyecto de ley con el que se modificarán medio centenar de leyes autonómicas.

Entre otros aspectos, ha citado la eliminación de la Comisión balear de Medio Ambiente, la posibilidad de empezar a ejecutar obras con declaraciones responsables, la creación de complementos de difícil y muy difícil cobertura en Menorca e Ibiza para educadores y cuidadores de residencias.

También ha citado la eliminación de burocracia para la solicitud de ayudas sociales, el permiso para que los Consells insulares puedan externalizar las ITV o que los ayuntamientos puedan crear aparcamientos disuasorios en distintos tipos de suelo, tanto público como privado.

En materia de vivienda, además de la mención sobre las zonas inundables, el vicepresidente ha apuntado esta norma permite la legalización de viviendas, previo pago de una sanción o impuestos de la licencia de construcción, en suelo rústico donde la infracción de la normativa urbanística ha prescrito y «no se puede restituir la legalidad urbanística».

LEY DE «DESREGULACIÓN» ADMINISTRATIVA

El diputado del PSIB Marc Pons ha calificado este nuevo proyecto de ley de «desregulación» administrativa y ha criticado que el Govern con el discurso «bien intencionado» de la simplificación, trata de usar esta norma de «coartada» para «devaluar el territorio y el paisaje, retroceder en políticas climáticas o favorecer la especulación del suelo y la generación de plusvalías».

En ese sentido, ha advertido que con ella se permiten la construcción de urbanizaciones «sin conexión» con suelo urbano, circuitos de automovilismo o parques acuáticos y ha censurado que para que el Govern rectifique sobre la construcción de viviendas en zonas de riesgo, «ha tenido que pasar la desgracia de Valencia».

De este modo, ha planteado qué habría pasado si esta catástrofe se hubiera derivado de un incendio por lo que ha pedido que estas limitaciones se extiendan a más zonas de riesgo, ya que, a su modo de ver, esto «no es una manera responsable de gobernar».

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha pedido al Govern que la Ley Omnibus se mantenga como está, ya que, en su opinión, «no hay registros en los últimos 100 años» que acrediten que las tormentas son «más frecuentes, ni más intensas».

Para el parlamentario los efectos catastróficos de estos fenómenos meteorológicos se debe al aumento de la población y la ocupación del territorio.

También ha planteado dudas sobre la influencia humana en el calentamiento global y ha pedido que no se destruyan presas o se sancione a los agricultores que retiran maleza de los cauces de los torrentes.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha resaltado que algunos de los trámites administrativos implantados en las anteriores legislaturas, se deben a que en Baleares «se robó a mansalva» y hubo que poner «herramientas garantistas».

Al mismo tiempo, ha criticado la «urgencia» de la aprobación del decreto que fundamenta el proyecto de ley, algo que ha subrayado que el Govern «todavía no ha podido justificar», y ha sugerido que quizás se deba a las «prisas» por legalizar algunas construcciones.

Además, ha apuntado el elevado número de enmiendas registradas, unas 700, y ha incidido en que muchas de ellas son del PP. En cuanto a las edificaciones en zonas de riesgo, ha planteado que la solución a largo plazo debería ser que no habiten estos sitios.

En la misma línea ha ido la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien ha recalcado que si no habían legalizado las viviendas en zonas inundables era para que no se emplee como residencia habitual, porque «no tendrían que estar allí».

También ha puntualizado que los permisos de obras en estos lugares eran para hacer casetas de aperos y no para que se «conviertan en casoplones», como ha sucedido en algunos casos.

Otros de los asuntos que ha preguntado al portavoz del Ejecutivo es qué sucederá con los trámites de legalización que hay en curso si decae este apartado del decreto, es decir si los propietarios tendrán que ser indemnizados, y por qué hay tantas inmuebles que se podrían beneficiar de la normativa en Campos.