Gochicoa deja la Consejería de Obras Públicas «limpio» y «tranquilo»: «Me voy dando la cara»

Asegura que ninguna empresa ni funcionario denunció irregularidades y lamenta el uso «injusto» del caso por parte de los partidos políticos

El hasta ahora consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, deja su cargo al frente de este departamento «limpio» y «tranquilo» al saber que el sumario de la investigación de las supuestas adjudicaciones irregulares en el mantenimiento de carreteras no implica a ningún cargo político ni a ningún empleado al margen del jefe de servicio enviado a prisión, Miguel Ángel Díez.

«Me voy dando la cara, con transparencia, porque así es como uno actúa cuando no se tiene nada que esconder», ha remarcado Gochicoa este lunes, en la última rueda de prensa que ha ofrecido como consejero antes de dejar el cargo, en la que se ha remitido al sumario de más de 4.000 folios para incidir en que «no hay absolutamente nada, ni una tacha» en torno a su gestión.

«No hay absolutamente nada que pruebe mi participación ni la de ninguno de mis altos cargos de la Consejería», así como la de ningún otro funcionario al margen del principal encausado, al menos hasta el día de hoy, ya que el proceso continúa abierto.

El hasta ahora titular de Obras Públicas convocó esta rueda de prensa para dar explicaciones al caerse la comparecencia que tenía previsto ofrecer hoy en el Parlamento a petición de los grupos de la oposición, que retiraron su solicitud al conocer la dimisión de Gochicoa y de su número 2, el director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús, que anunció el viernes pasado el presidente regional, Miguel Ángel Revilla.

Gochicoa, que ha estado acompañado por el equipo de la Consejería y por varios consejeros regionalistas, ha explicado que presentó su dimisión «desde el primer momento» en el que salió a la luz la investigación que afectaba a su Consejería –«a pesar de que nadie de mi equipo está involucrado» y de que él «no ha nombrado» al supuesto cabecilla de la trama, que ocupa una plaza pública–, pero el presidente no la ha aceptado hasta que se han tomado medidas y se ha dejado «encauzada» la situación.

En concreto, se ha retirado a Miguel Ángel Diez como responsable de los contratos que gestionaba, se le ha cesado de su condición de jefe de servicio, se le ha suspendido de todas sus funciones y se le ha incoado un expediente sancionador para que, si queda en libertad, no pueda volver a su puesto como funcionario. Y en cuanto a las empresas implicadas –Rucecan, La Encina, Cannor y Api Movilidad–, se han solicitado medidas cautelares para que no puedan concurrir a las contrataciones que se les querían adjudicar presuntamente de forma irregular.

Y es que la investigación ha detectado posibles hechos ilícitos en una decena de contratos a estas sociedades que suman unos 34 millones de euros, todos ellos en licitación e incluso uno aún sin publicar, por lo que Gochicoa ha destacado que «estamos a tiempo» de que no se adjudiquen a las citadas empresas y así «el daño al erario público no habría existido», aunque el funcionario haya recibido compensaciones de estas sociedades.

Aún así, ha aclarado que desde el Gobierno «en ningún caso podemos prohibir a una empresa concurrir» a un concurso público a no ser que así lo determine la Justicia, que deberá pronunciarse al respecto.

Además, y dado que algunos de los servicios que implican a estas empresas no pueden dejar de prestarse –como el de viabilidad invernal–, se ha solicitado al juzgado que abra una cuenta para depositar los pagos correspondientes por ellos hasta que se decida cómo actuar.

ERAN LAS EMPRESAS «PUNTERAS»

Gochicoa ha aclarado que «no sorprendía» que las adjudicaciones se hicieran a estas sociedades porque «son empresas que trabajaban bien, trabajaban barato». «Eran las punteras que podía haber en el panorama cántabro», algunas con contratos en diferentes ayuntamientos y también en otras comunidades.

«Lo que mas nos duele», ha asegurado, es que ningún otro empresario que pudiera resultar perjudicado de los acuerdos que establecerían estas sociedades investigadas con el funcionario para llevarse los contratos haya hecho ninguna denuncia, pues la investigación surgió de la Agencia Tributaria al detectar un incremento del patrimonio en la familia del funcionario.

«Nos sorprende y nos duele», ha incidido el extitular de la Consejería, que ha incidido en que tampoco los empleados habían detectado este comportamiento de Miguel Ángel Díez, ya que no conocían su vida privada, que es donde sí «había ostentaciones». De hecho, ha destacado que incluso el sindicato con mayor representación en la Consejería pedía un aumento de salario y mejores condiciones para el jefe de servicio por la cantidad de trabajo que desarrollaba.

El exconsejero también ha aclarado que la normativa actual ha apartado a los políticos de las mesas de contratación y ha recomendado que, para evitar que este tipo de casos ocurran de nuevo en el futuro, los expedientes tengan que pasar por más de un funcionario. «La Guardia Civil siempre va en pareja y por algo será», ha comparado, aludiendo a la labor de «control de uno sobre otro».

Aún así, le «tocará a los próximos responsables» tomar las medidas oportunas para frenar estas actuaciones irregulares, ha señalado Gochicoa, que rechaza tomar parte en el nombramiento del que será su sustituto al frente de Obras Públicas.

«El nombramiento del nuevo consejero corresponde al presidente y no quiero influir», ha dicho, reconociendo que ha hablado con Revilla del asunto pero que ha querido ser «lo más aséptico posible». «No creo que me corresponda a mi», ha sentenciado tras mostrarse «convencido» de que ha hecho «lo correcto» al dimitir, ya que es «lo mejor» para el Gobierno y para el partido.

USO «INJUSTO» POR PARTE DE LA OPOSICIÓN

Finalmente, a preguntas de la prensa ha esperado que este asunto no perjudique al partido, el PRC, de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, pero ha asegurado que la decisión de dimitir no ha sido por este motivo.

También ha criticado la utilización a su juicio «injusta» del caso que están haciendo los partidos políticos para «dañar la imagen de una Consejería que ha sido un ejemplo durante muchos años». Y ha lamentado que se «está haciendo daño sobre todo a los empleados públicos de la Consejería», unos 400, de quienes ha destacado su trabajo «intensísimo» en esta legislatura, reiterando que «está fuera de duda su implicación» tras una investigación que ha supuesto más de un año de escuchas telefónicas.