Gobierno y Generalitat darán mayor participación a la Hacienda catalana en la próxima Campaña de Renta
Cataluña participará por primera vez en la gestión del Impuesto de Matriculación
BARCELONA, 28
La comisión mixta de asuntos económicos entre Estado y Generalitat de Catalyuña, que se celebra este viernes en Barcelona, servirá para dar una mayor participación a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en la próxima Campaña de la Renta, que comienza el 2 de abril.
El encuentro se ha celebrado en el Palau de la Generalitat a las 12.30 horas liderado por la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que han explicado los acuerdos en una posterior rueda de prensa.
El objetivo del encuentro es aumentar tanto el número de efectivos como los espacios de atención a los contribuyentes, según han explicado fuentes del Govern a Europa Press.
El acuerdo se enmarca en los trabajos de la Generalitat para implementar un nuevo modelo de financiación singular. Ambas partes ven necesario que la Hacienda catalana pueda dar respuesta a los retos que le plantea el nuevo modelo, que dará mayores competencias a Catalunya en la aplicación de tributos.
IMPUESTO DE MATRICULACIÓN
Otro de los acuerdos alcanzados este viernes es la puesta en marcha de un modelo de gestión compartida en red del Impuesto de Matriculación para que las dos agencias tributarias compartan información, procedimientos y tecnología, una gestión compartida que «supone una prueba piloto para la posible extensión de este modelo a otros impuestos».
Así, la Agència Tributària de Catalunya ejercerá por primera vez competencias en la aplicación del impuesto, utilizando información, las aplicaciones informáticas y los procedimientos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El convenio, que tendrán que firmar las dos agencias para desarrollar este modelo de gestión compartida, prevé cuatro fases: designación de funcionarios de la ATC y su formación; fase de actuaciones preparatorias; desarrollo informático e implantación compartida.
FLA, MOSSOS Y RODALIES
La reunión también ha servido para formalizar el compromiso del Gobierno de tramitar los instrumentos legales necesarios para reducir la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 17.104 millones de euros, como se anunció el pasado lunes.
Una vez aprobados los instrumentos, el acuerdo prevé la celebración de una nueva comisión mixta para concretar los detalles de la reducción de deuda.
Por otro lado, el Gobierno también se compromete a determinar antes del próximo 31 de mayo los recursos que deberá aportar el Estado para aumentar el número de efectivos de los Mossos d Esquadra hasta 25.000 en 2030.
Esta propuesta de financiación deberá estar disponible antes del próximo 31 de mayo y el cálculo del coste de la ampliación se hará después de que la Junta de Seguridad fije el calendario de despliegue del cuerpo para los próximos años.
En cuanto a Rodalies, se ha acordado la transferencia a la Generalitat de 25,6 millones de euros para cubrir la deuda pendiente de Renfe en concepto del Pla d Acció de Rodalies del ejercicio 2024.
CONSORCIO DE INVERSIONES Y BECAS
Además, también se ha acordado poner en marcha el grupo de trabajo que analizará la creación del consorcio de inversiones Gobierno-Generalitat anunciado el lunes en la comisión bilateral, que deberá terminar sus trabajos a finales de 2025.
Formarán parte del grupo cuatro representantes del Gobierno y cuatro de la Generalitat, de los Departamentos de Presidencia, Economía y Finanzas, y Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.
Por otra parte, se ha fijado una aportación anual del Estado a la Generalitat de 2,1 millones de euros para cubrir el coste asociado a la gestión de las becas, importe que se actualizará de acuerdo con el IPC.
SERVICIOS PENITENCIARIOS
Se reactivará el grupo de trabajo puesto en marcha en la anterior legislatura entre ambos ejecutivos para analizar el impacto de la normativa estatal en el coste de los servicios penitenciarios y estudiar la situación de la jubilación de los trabajadores hasta el año 2030, y también deberá presentar sus conclusiones antes de 2026.
El Govern detalla que los trabajos del grupo se paralizaron con la convocatoria electoral del pasado mes de mayo en Catalunya y que no se recuperaron con la llegada del nuevo Ejecutivo a la Generalitat.