Gobierno y aliados defienden ilegalizar asociaciones franquistas mientras Vox responsabiliza a PSOE de la Guerra Civil

Bronca en el Congreso al usar el PP el debate de la memoria para hablar de Begoña Gómez

El PSOE y sus socios parlamentarios han defendido este miércoles la conveniencia de actuar contra las asociaciones que hacen apología del franquismo en un debate en el que Vox ha acusado al PSOE de tener un pasado «criminal», de haber conspirado contra la Segunda República y de ser «responsable directo» de la Guerra Civil iniciada tras el golpe de Estado de 1936.

Ha sido en el Pleno durante el debate de toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para disolver las asociaciones que hagan «apología del franquismo» y a la vez «humillen» a sus víctimas, tal y como ha explicado el diputado Raúl Díaz Marín, a quien ha dado la réplica, utilizando el turno en contra, el diputado de Vox Íñigo Hoces.

Díaz Marín ha resaltado que el «inconcluso régimen de la Transición» sigue interpelando para «reparar a quienes dieron su vida por la democracia», ha retado a PP y Vox a decir si están «a favor o en contra de la apología del franquismo» y ha cargado contra los «negacionistas de la memoria» que impulsan las llamadas Leyes de Concordia .

De su lado, Hoces ha atribuido al PSOE una «obsesión por el franquismo» que lleva a querer «privilegiar a unas víctimas» mientras «ignoran» a otras por su «sectarismo ideológico». Además, ha proclamado que el PSOE tiene una «historia aterradora y criminal» también durante la Segunda República, ha leído fragmentos de discursos de su fundador, Pablo Iglesias, contra la burguesía y la Iglesia, y ha incidido en que las que deberían disolverse son las fundaciones «ligadas al PSOE, el PCE y los partidos independentistas, por estar vinculadas a una historia de golpes, crímenes y torturas».

También ha mentado a otros dirigentes del PSOE de los años 30 al referirse a la «implicación» de Indalecio Prieto en la Revolución de Asturias de 1934 y a que Francisco Largo Caballero estuvo «llamando a la guerra civil» desde 1933. Además, ha responsabilizado a «la izquierda» del asesinato de cuatro presidentes del Gobierno: Cánovas del Castillo, José Canalejas, Eduardo Dato y el franquista Luis Carrero Blanco.

«Nosotros queremos dar sepultura digna a todos los muertos de la última contienda civil, a lo que nos negamos es a que la única memoria que sea válida en esta nación sea la memoria del Partido Socialista que, entre otras cuestiones, fue responsable directo del estallido de la Guerra Civil de 1936», ha enfatizado el diputado de Vox, quien también ha echado en cara al PSOE sus pactos con Bildu.

JUNTS Y ERC PASARÁ COMO CON LA AMNISTÍA

En nombre de Junts, Josep María Cervera ha recordado que su partido no apoyó la Ley de Memoria Democrática por insuficiente y «acomplejada» y ha augurado que la reforma de la Ley de Asociaciones tampoco «será suficiente» para lograr el objetivo que persigue pues «su aplicación efectiva dependerá de cómo se interprete».

«Y, por experiencia con la Ley de Amnistía sabemos que algunos de los responsables de llevarla a cabo beben de la misma fuente que estas asociaciones», ha dicho, una idea en la que ha insistido también Pilar Vallugera, de ERC, quién ha alertado del «peligro» del discurso del diputado de Vox.

«Todos somos víctimas del franquismo sociológico que no somos capaces de frenar», se ha lamentado Vallugera. «Tenemos el fascismo a las puertas», ha abundado, dando por hecho que «acabarán mandando» y «callando» a sus detractores «a través de las armas, las prisiones o lo que sea». Y todo, a su jucio, porque la Transición fue una «estafa». «Son los mismos perros con distinto collar, los mismos jueces con otras togas, los mismos policías que están intentando modernizarse pero cuyos cargos provienen de allí», ha dicho.

DESFRANQUIZAR EL ESTADO

Como «un paso más para desfranquizar el Estado» interpreta esta norma el diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien considera que puede ser una «herramienta de prevención del totalitarismo». Eso sí, ha pedido ir más allá para poder actuar contra asociaciones «neonazis o fascistas» y también una nueva Ley de Fundaciones.

Asimismo, el PNV ha avanzado su apoyo a la tramitación de la ley, si bien su diputado Mikel Legarda ha señalado que debería haber sido el Gobierno el que regulara este asunto mediante un proyecto de ley, lo que habría obligado a pronunciarse al respecto al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, ha indicado que la limitación de un derecho fundamental como el de asociación debería hacerse mediante el Código Penal y no cambiando la Ley de Asociación.

Martina Velarde, de Podemos, ha acusado a Vox de hacer «apología del franquismo durante 12 minutos» en la tribuna, lo que, a su juicio, debería ser suficiente para ilegalizarles, y ha coincidido con Néstor Rego, del BNG, en lamentar que el PSOE se negara a dar cobertura legal a la anulación de las sentencias políticas franquistas.

Además, Rego ha aprovechado para urgir al PSOE a que se ilegalice la Fundación Franco. El diputado de Sumar Nahuel González ha recordado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya inició los trámites para la disolución de la Fundación Franco.

Los supuestos que llevarían a la extinción de asociaciones o fundaciones, como en el caso de Fundación Francisco Franco, son los mismos. La diferencia radica en que en el caso de las fundaciones el proceso lo instaría el Protectorado dependiente del Ministerio de Cultura, mientras que en el de las asociaciones, según ley ahora impulsada por el PSOE, partiría del Ministerio Fiscal. Eso sí, en ambos casos, la decisión final está siempre en manos de un juez.

DE 1936 A BEGOÑA GÓMEZ Y VENEZUELA

Al llegar el turno del PP, el debate parlamentario sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática saltó varias décadas cuando el ponente popular , Jaime De Olano, empezó hablando de la investigación judicial a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez: «Hay caso de corrupción en la Moncloa», proclamó desde la tribuna.

El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ejercía la Presidencia, llamó al orador a atenerse a la cuestión, pero Jaime de Olano ha insistido asegurando que «Franco se ha convertido en un comodín» para el PSOE, que a su juicio es «muy valiente con dictadores muertos» pero no se atreve con los vivos, como con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, o incluso apoya manifestaciones en favor de islamistas contra Israel.

El diputado del PP también ha sacado los pactos del Gobierno con Bildu, contrastando que «a quien exalta a Franco, muerto hace 50 años, lo condenan, y a quien exalta a los terroristas de ETA, que mataban hace mucho menos tiempo, no solo no lo condenan, sino que lo animan y lo jalean».

«¿En qué clase de estercolero moral ha convertido Sánchez al Partido Socialista?», se ha preguntado, emplazando directamente al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que ha llegado a llamar «sinvergüenza» que da miedo a los militantes socialistas.

La secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez, pidió amparo a la Presidencia, Gómez de Celis anunció que retiraría del Diario de Sesiones los insultos al PSOE y a Sánchez, y eso desató la bronca en el hemiciclo, con airadas protestas del PP y su portavoz, Miguel Tellado, llamado al orden por tachar de «mafia» el presidente.