Gobierno Vasco exige a Verter el sellado definitivo del vertedero de Zaldibar y que realice medidas de control

Espera recuperar los 28 millones de euros invertidos en la estabilización del vertedero en el proceso de liquidación de Verter

VITORIA, 7

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha exigido a Verter Recycling que proceda al sellado definitivo del vertedero que se derrumbó hace tres años en Zaldibar (Bizkaia) y realice medidas de control y seguimiento postclausura. Además, ha recordado que los procesos concursal, penal y administrativo continúan todavía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Tapia ha recordado que este pasado lunes se cumplieron tres años del derrumbe del vertedero de Zaldibar, en el que quedaron sepultados los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que provocó «graves afecciones» al medio ambiente de la zona.

Según ha recordado, el Gobierno Vasco, de forma subsidiaria, ejecutó desde el primer momento las labores de búsqueda de los trabajadores desaparecidos, y las correspondientes a la estabilización del vertedero y la prevención de nuevos daños sobre el medio ambiente.

Arantxa Tapia ha destacado que, a día de hoy, el vertedero de Zaldibar está «estabilizado y presellado», y modificada su autorización ambiental. En este sentido, ha exigido que los titulares del mismo procedan al sellado definitivo y a las medidas de control y seguimiento postclausura.

Según ha explicado, como consecuencia de la aceptación del proceso de liquidación concursal por el juzgado de lo mercantil, el cumplimiento de esas actuaciones corresponde a Verter Recycling 2022, S.L. en concurso y liquidación. Tapia ha precisado que los procesos concursal, penal y administrativo «siguen adelante» tres años después.

BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS

La consejera ha detallado que, como establece la normativa vigente en materia de responsabilidad ambiental, el Gobierno Vasco adoptó de forma subsidiaria las medidas oportunas para «evitar y minimizar» los daños ambientales derivados del deslizamiento, además de llevar a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas.

Las actuaciones desarrolladas consistían básicamente en la retirada de los residuos deslizados fuera del vaso de vertido original y en su estabilización, actuaciones que supusieron 28 millones de euros, y que están siendo reclamados a la empresa.

Justo antes de la citada reclamación, la empresa solicitó el inicio del proceso concursal a fin de proceder a su liquidación y posterior disolución. Este proceso se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao.

Tapia ha recordado que el Gobierno Vasco es el principal acreedor de Verter Recycling como consecuencia de la ejecución de las actuaciones subsidiarias realizadas en el marco de la emergencia.

EJECUCIÓN EN VÍA DE APREMIO

Preguntada por las posibilidades que existen para recuperar el dinero, ha informado de que una vez transcurrido el periodo voluntario para hacer el pago y al confirmar que este no se ha realizado, el Departamento de Desarrollo, Económico Sostenibilidad y Medio Ambiente ha solicitado al Departamento de Economía y Hacienda que «adopte las medidas oportunas vinculadas a la ejecución en vía de apremio» y que, además analice y ejecute, si es posible, la posible derivación de la deuda a los gestores y administradores de la empresa».

También ha subrayado que la resolución 3 de febrero de 2022 modificó la autorización ambiental integrada concedida a Verter para la actividad de vertedero de residuos no peligrosos, en el término municipal de Zaldibar, dando por finalizada la actividad de vertido.

Asimismo, se requirió a la empresa que llevara a cabo las acciones pertinentes para su sellado y control posclausura del vertedero, lo que, según ha explicado, permite controlar la posible afección ambiental del vertedero, además de redundar, entre otras, en las condiciones de seguridad y estabilidad del mismo.

Tras recordar que la firma se encuentra en concurso de liquidación, ha insistido en que es la administración concursal, en su condición de representante de la empresa titular, la que está obligada a cumplir la nueva autorización ambiental «sin que pueda admitir pretensión alguna, de eludir esa responsabilidad».

«En estos momentos no la está haciendo al nivel que debería realizarla. Se hace un mantenimiento en unas condiciones mínimas que permite asegurar que el vertedero está estable y que no se está produciendo daños ambientales, pero no se está procediendo al sellado definitivo», ha reiterado.

Por el momento, según ha apuntado, el Gobierno Vasco sigue desarrollando las inspecciones rutinarias para ver cómo evoluciona el vertedero y continúa también «exigiendo a Verter que realice las labores de mantenimiento y sellado, así como de control que le corresponden». «En cada una de las visitas se levantan actas y se comunica a la Fiscalía los requerimientos, así como las actuaciones realizadas y las no realizadas», ha indicado.

La titular de Medio Ambiente ha subrayado que «el vertedero sigue siendo seguro porque se realizan las inspecciones correspondientes para asegurar el cumplimiento de la seguridad» y desde el punto de vista medioambiental «no se está produciendo ningún tipo de daño adicional». «Pero es cierto que no se está procediendo al sellado definitivo tal y como recoge la autorización ambiental integrada», ha reiterado.

Además, ha detallado que el Servicio de Inspección del Gobierno Vasco contaba en el momento del derrumbe con ocho inspectores y un jefe de Servicio, personal que se ha «reforzado» con tres nuevas personas.

PROCESO JUDICIAL ABIERTO

Arantxa Tapia ha insistido en que «todos los procesos judiciales están abiertos» y ha señalado que la Administración está colaborando, ya que son «los primeros interesados en que se esclarezca toda la situación».

También ha señalado que «a lo largo de estos meses hasta abril, va a haber una serie de actuaciones y de consultas en el juzgado» por presunto delito ambiental por el derrumbe, donde una serie de técnicos del Gobierno Vasco van a declarar «en calidad de investigados» y ha destacado que contarán con la asistencia letrada del Gobierno Vasco.

«Responderán a todas y cada una de las preguntas que se les realicen sobre su buen hacer, a su trabajo de inspección, del análisis de lo ocurrido en el vertedero desde el inicio hasta estos momentos», ha explicado, antes de reiterar la «absoluta colaboración por parte de la Administración para esclarecer la situación».

Respecto a los informes publicados en los medios de comunicación que habría elaborado la propia Ertzaintza, Tapia ha afirmado que el Gobierno no dispone de ese informe, ya que «se encuentra dentro de la investigación judicial abierta».

No obstante, ha explicado que de las actuaciones realizadas por el propio departamento, en la inspección realizada en junio de 2019 –previa al deslizamiento del vertedero– y se identificó un relleno en una vaguada con tierras que la empresa había almacenado para el futuro sellado del vertedero, «sin ningún tipo de autorización, ni de vertido de tierras, ni de vertedero».

«Es una actuación que no estaba autorizada. la Administración identificó el incumplimiento, se reflejó en el acta de inspección y además se inició un procedimiento sancionador», ha insistido.

Por ello, ha subrayado que «es una situación que ya había sido identificada por el propio departamento y se había iniciado el procedimiento sancionador».

Por último, el Gobierno vasco ha recordado algunas de las fechas importantes tras el derrumbe, como la del 14 de agosto de 2020 cuando se localizaron los restos de Alberto Sololuze, el 14 de mayo de 2021 cuando finalizó el operativo de búsqueda de Joaquín Beltrán sin que fuera localizado, el 27 de agosto de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de estabilización del vertedero o el 4 de octubre de 2022, cuando la Comisión Europea avaló la actuación del Ejecutivo autonómico en el vertedero.