Gobierno Vasco aprueba el proyecto de Ley de Transición Energética para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050
La ley no contempla un régimen sancionador pero incentiva fiscalmente las actuaciones que favorezcan la adaptación al cambio climático
VITORIA, 16
El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi con el objetivo de acelerar el proceso de descarbonización a través de la corresponsabilidad, con medidas para alcanzar la neutralidad climática y una transición energética «justa» para el año 2050.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta es la primera ley que aborda el cambio climático en Euskadi y tras su aprobación, se remitirá al Parlamento Vasco para su tramitación.
El proyecto de ley establece «por voluntad propia» un marco jurídico estable para lograr el objetivo de las cero emisiones netas en Euskadi «a más tardar en el año 2050», mediante la reducción de las emisiones y una mayor absorción de los gases de efecto invernadero de la atmósfera, con el fin de alcanzar un nivel de cero emisiones netas y aumentar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático.
Tapia ha defendido que será una «herramienta clave» para dar respuesta tanto al objetivo marcado en el Acuerdo de París de 2015, que instaba a limitar el aumento de temperatura global a 1,5 °C con respecto a la época preindustrial y adaptarse a los efectos del cambio climático, como a la Declaración Institucional de Emergencia Climática en 2019 del lehendakari Iñigo Urkullu, en la que se anunciaron «acciones urgentes y ambiciosas» para lograr una Euskadi neutra en carbono en 2050.
Según ha detallado, los últimos datos correspondientes al año 2020 indican que el sector energético, el transporte y la industria son los que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero de Euskadi, generando el 84% de las emisiones totales en Euskadi y la aportación de Euskadi en el mapa de las emisiones totales de la Unión Europea ronda el 0,5%.
Tapia ha explicado que «el principio básico» que rige la política del Gobierno Vasco sobre transición energética y cambio climático es el de la «responsabilidad compartida». «Euskadi no puede permanecer al margen, y desde el Gobierno hemos asumido nuestra parte de responsabilidad con un compromiso profundo y exigente que se plasma en este proyecto de ley», ha destacado.
En este sentido, ha indicado que el proceso se llevará a cabo «bajo el criterio de una transición justa que tenga en cuenta la distribución equitativa de los costes y cargas derivados del mismo, sin dejar a nadie atrás, prestando especial atención a los sectores económicos, territorios y población más vulnerable, integrando la variable de género, edad o disfunción de las personas, de manera que la transición no se convierta en una nueva causa de injusticias y desigualdades».
HOJA DE RUTA 2050
El Gobierno Vasco aprobará la Hoja de Ruta 2050 de Transición Energética y Cambio Climático que «definirá la senda para alcanzar la neutralidad climática y la resiliencia del territorio». El documento deberá estar aprobado en el plazo máximo de 18 meses.
Trazará el itinerario de cumplimiento de las metas fijadas, a través de estrategias de transición energética y cambio climático, cuya periodicidad será de una década como máximo, incluyendo objetivos cuantitativos y sectoriales, así como las actuaciones, herramientas y recursos necesarios para alcanzarlos.
Para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi antes del año 2050, el proyecto de ley contempla el desarrollo de actuaciones como el establecimiento de obligaciones de eficiencia energética y renovables, para empresas, hogares, administración y resto de consumidores.
También la promoción desde las administraciones públicas de nuevos vectores energéticos procedentes de fuentes renovables, como las tecnologías basadas en hidrógeno; la promoción de proyectos relacionados con el almacenamiento de energía, tanto eléctrica como térmica, y de iniciativas que propicien la captura y almacenamiento de CO2; y la aprobación de planes de movilidad sostenible.
La ley contempla otras políticas sectoriales y territoriales que pueden contribuir a la neutralidad climática, como la realización de planes de reducción de emisiones para minimizar la huella de carbono en determinados sectores, además, de otras medidas específicas por sectores.
Además, contempla la integración por parte de las administraciones públicas de reducciones de emisiones y de actuaciones más eficientes en la protección y gestión del medio natural; y la adopción de medidas para la integración de la eficiencia energética y el cambio climático en el ámbito de la ordenación del territorio y la planificación, en la edificación y rehabilitación, así como en la gestión de infraestructuras y equipamientos públicos.
SIN RÉGIMEN SANCIONADOR
La consejera ha destacado que la ley no contempla un régimen sancionador, ya que considera que «para eso están ya otras normas, como las leyes de administración ambiental o de conservación de Patrimonio Natural de Euskadi, entre otras» pero recoge «el uso de la fiscalidad, incentivando fiscalmente las actuaciones que favorezcan la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero».
Además, el texto aprobado contempla la creación de un Registro Vasco de Iniciativas de Transición Energética y Cambio Climático, que será público, y en el que entidades públicas o privadas inscribirán sus actuaciones en acción climática.
La inscripción será gratuita y conllevará beneficios administrativos, como reconocimientos públicos o poder utilizar este registro como medio para acreditar la solvencia técnica de contratos públicos o como criterio de valoración en el proceso de concesión de ayudas y subvenciones públicas.
Las empresas, administraciones –ayuntamientos incluidos– y entes públicos podrán calcular su huella de carbono y diseñar un plan específico de reducción de emisiones dirigido a minimizar su impacto ambiental y a articular las medidas necesarias para que este sea cero o negativo.
La norma también incluye que los territorios históricos y los municipios vascos de más de 5.000 habitantes deberán elaborar, en el marco de sus competencias, planes de clima y energía que contribuirán a los objetivos del conjunto del territorio. Se establece un plazo máximo de dos años desde la aprobación de la ley.
Por otro lado, contempla la creación de una Oficina de Transición Energética y Cambio Climático para el seguimiento de los objetivos que persigue la ley y el control sobre el cumplimiento de la normativa.
Será el órgano encargado de inventariar las emisiones en Euskadi y las proyecciones futuras, fijar posibles escenarios climáticos que servirán como referencia para elaborar instrumentos de planificación y promocionar actividades de divulgación.
Tapia ha explicado que con el objetivo de «lograr una transición justa y sostenible que garantice la equidad y la solidaridad, sin dejar a nadie atrás», se tendrá en cuenta la distribución equitativa de los costes y cargas, «con especial atención a los sectores económicos, territorios y población más vulnerables, integrando la variable de género, edad o diversidad funcional, para que la transición no se convierta en una nueva causa de desigualdades».
Se impulsará la participación mediante la adopción de un Pacto Social por la transición energética y cambio climático. Además, el Gobierno Vasco configurará la Asamblea Ciudadana de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi.
Por último, la nueva norma establece que se deberá incorporar la perspectiva energética y climática en los Presupuestos del Gobierno Vasco. El resto de las administraciones vascas promoverán la integración de la perspectiva energética y climática en sus presupuestos en su fase de diseño.
