Gobierno Valencia sobre las ayudas a Francis Puig: «Normalidad absoluta, judicial y administrativa»

VALENCIA, 8

El conseller de Hacienda, Arcadi España, ha respondido a la diputada del PP Eva Ortiz que la Generalitat aplica «la misma vara de medir» con todas las empresas que han recibido alguna subvención de la Generalitat, como las vinculadas al hermano del president Ximo Puig, «sea quien su propietario, titular, accionista o sea quien sea: Normalidad absoluta, judicial y administrativa».

Esta interpelación en el pleno de Les Corts se ha producido semanas después de que Francis Puig, administrador de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones declarara como investigado en la causa en la que se instruyen presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresas.

En su intervención, la diputada popular ha criticado que sea un conseller y no Puig quien responda «después de tantos años y tantas situaciones» y se ha preguntado si se han comprobado los documentos «a nombre de Francis Puig» en los gobiernos autonómicos de la Comunitat, Catalunya y Aragón. Ha hablado de «los negocios de la familia», de «facturas cruzadas entre sus empresas», de cambios en los requisitos para optar a ayudas y de «programas subvencionados que nunca existieron».

«De no haber hecho absolutamente nada, la triste frase cuando Ximo gobierne, nos vamos a forrar será una realidad», ha espetado al conseller socialista.

España, que ha iniciado su respuesta recordando el reciente procesamiento del expresident Eduardo Zaplana por el caso Erial , ha subrayado el «riguroso cumplimiento de la ley» en todas las convocatorias de la Generalitat y el respeto a la independencia judicial, junto a un mayor control de las subvenciones que «antes no existía».

«SUBVENCIONES MUY MUY INVESTIGADAS»

«Nadie puede decir que no han sido unas subvenciones muy muy investigadas y con la lupa encima», ha recalcado el titular de Hacienda, para remarcar que Comunicacions dels Ports «no es del hermano del presidente, sino una pequeña empresa con más de 30 años y 117 socios en la que es un trabajador y tiene una participación que no llega al 5%». Ha recordado que la comarca castellonense donde se ubica está en riesgo de despoblación y que la compañía se presentó a convocatorias anteriores «durante muchos años» como la etapa de «un Fabra en la Diputación de Castellón».

De momento, España ha destacado que en torno a esta investigación hay «seis fracasos judiciales» del PPCV, como la absolución del director de Política Lingüística, Rubén Trenzano (Compromís). «En todo caso, siempre con el mismo trato de imparcialidad actuará la Generalitat, en este y en cualquier otro caso», ha zanjado.

Como réplica, la también presidenta del grupo popular ha cuestionado si el Consell espera a que estas empresas entren en concurso de acreedores para no reclamar las subvenciones y ha apuntado que Comunicacions dels Ports tiene entre sus accionistas a Andrés Ferrer, secretario autonómico de Presidencia. «¿Es de quién depende Abogacía de la Generalitat? ¿Por eso no se presenta en la causa?», se ha preguntado.

También ha indicado que el exdirector general de Turismo José Mª Gisbert figura como accionista, al igual que «Amparo Panadero, exmujer de Ximo Puig», y ha denunciado que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha tenido acceso a un informe de la Guardia Civil bajo secreto de sumario.

Ha urgido así a los partidos gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-UP) a aplicarse la vara de medir que exigen a la oposición. «Dos cuñadas, un hijo, el hijo de su mujer, un padre y dos hermanos: esto es una tomadura de pelo», ha rematado.

En su contrarréplica, el conseller ha acusado a Ortiz de usar los tribunales para buscar rédito político y ha garantizado que el Consell quiere recuperar y reclamará todo el dinero extraído de manera ilícita, «empezando por los 22 millones» de la etapa del PP, pero ha recordado que debe haber un pronunciamiento judicial: «Queremos la máxima transparencia y sobre todo la máxima salvaguarda de los recursos públicos, sean de quienes sean».