Gobierno aprobará un plan de empleo joven y nuevos incentivos y elaborará una Ley de Vivienda de «consenso»

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales trabajará para reducir los plazos para la concesión de las prestaciones a dependientes y perceptores de RSB

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales aprobará un plan para mejorar la capacidad de los jóvenes de acceder al mercado laboral, implantará nuevos incentivos para la contratación estable de los retornados del extranjero y también la de perceptores de Renta Social Básica; buscará reducir los plazos para la concesión de prestaciones a dependientes y personas en riesgo de exclusión social; elaborará una Ley de Vivienda con el «mayor consenso posible» y ampliará el parque público.

Así lo ha anunciado este viernes su titular, la socialista Ana Belén Álvarez (PSOE), en la comparecencia en la comisión parlamentaria para exponer las iniciativas de su departamento para esta legislatura.

Entre las medidas anunciadas, figura la conversión de la actual red de oficinas de empleo de la comunidad en centros de empleo del Servicio Cántabro de Salud para prestar servicios de «alto valor añadido» tanto a personas como a empresas, reforzando el servicio de orientación profesional y el servicio de colocación y asesoramiento a las empresas.

Así, para ello, ha anunciado la creación la figura del «prospector empresarial», que asesorará a las empresas, especialmente a las pymes, y lleve a cabo una labor de identificación de los perfiles profesionales necesarios.

También ha anunciado que va a «reformular» las políticas activas de empleo apostando por los sectores innovadores para crear empleos de calidad en sectores con alto valor añadido que surgen a partir de la transición ecológica energética para favorecer la creación de empleo en estos nichos.

Álvarez ha avanzado que, en esa reformulación de políticas activas de empleo, se evaluarán las ayudas e incentivos existentes y, si es necesario, se diseñarán nuevos a favor de las pymes de estos nichos de empleo innovadores.

La consejera ha anunciado la puesta en marcha de dos nuevos incentivos a la contratación estable de jóvenes cántabras retornados y también de personas perceptoras de la Renta Social Básisca.

Y es que, según ha explicado Álvarez, uno de los objetivos de su departamento será «imbricar» y favorecer el «engranaje» entre las políticas sociales y activas de empleo «para lograr el tránsito de la protección social al mercado de trabajo».

En materia de políticas sociales, la consejera ha explicado que el primer objetivo es seguir avanzando en la consolidación de los servicios sociales como «derechos de ciudadanía», caminando hacia su «universalización» y se apostará por el desarrollo del sistema público de servicios sociales.

Así, se perseguirá la reducción de los tiempos de respuesta a las demandas de la ciudadanía, en lo que tiene que ver con la valoración de la situación de dependencia y la asignación a éstos del servicio o prestación una vez reconocido el derecho a la protección. Lo mismo se pretende en lo relativo a la solicitud de Renta Social Básica.

También, según ha dicho, se fortalecerán los Servicios Sociales de Atención Primaria; se implementarán mecanismos de detección precoz de problemas de índole social, como el maltrato, el abandono familiar o la situación de los mayores, y, además, se desarrollará la Ley de Discapacidad.

VIVIENDA

Por otra parte, Álvarez ha expuesto las medidas que adoptará su departamento en materia de vivienda, que en esta legislatura ha cambiado de consejería, integrándose en la de políticas sociales.

La consejera ha puesto en valor la «función social» de la vivienda y lo «imprescindible» que es, a su juicio, que los ciudadanos tenga acceso a una que sea «digna y accesible».

Álvarez ha anunciado que se llevará a cabo las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda vigente para facilitar el acceso de las personas que no pueden disponer de una vivienda en el mercado libre.

Además, la consejera ha señalado como «necesario» que Cantabria cuente con una Ley de Vivienda que regule este bien de forma «integral» y dé cobertura a las politicas en esta materia.

Para su elaboración, ha anunciado que se llevará a cabo un proceso de participación con todos los afectados, como inquilinos, propietarios, demandantes de vivienda, personas en riesgo de exclusión o afectados por las hipotecas, entre otros, buscando «el mayor consenso» para este norma.

Según Álvarez, esta ley debe recoger todos los accesos que tengan que ver con el acceso a vivienda, como debe ser mecanismos que permita, de una forma más eficiente, para movilizar viviendas vacías en la comunidad.

También, desde la Consejería se incentivará el alquiler como modo preferente de acceso a vivienda a través de ayudas económicas y subvenciones.

Además, se incrementará el parque público de vivienda en alquiler, bien a través de la construcción de vivienda, ayudas a la promoción y a la rehabilitación de edificios o la compra ejerciendo nuestro derecho de tanteo y retracto.

Álvarez ha anunciado también que se va a mantener la Oficina de Emergencia Habitacional e Intermediación Hipotecaria y las ayudas a familias en riesgo de exclusión social.

Además, se llevará a cabo un plan de inspección y control del destino de las VPO y del parque público de vivienda, con inspecciones para comprobar que las viviendas están ocupadas por los beneficiarios. Además, se realizará un registro de viviendas vacías.

Por su parte, la oposición ha puesto algunos peros a la exposición de la consejera. Así, por ejemplo, el PP se ha quejado de que la consejera haya expuesto los «qués» de lo que se va a hacer pero no el «cómo» se piensa a hacer.

Además, le han pedido un presupuesto para 2020 «más social y menos retórico», la garantía de un plazo máximo para el acceso a las prestaciones o la derogación de la normativa de acreditación implantada para el sector de la dependencia. Además, le ha demandado que el empleo sea la «prioridad absoluta».

También el portavoz del grupo mixto-Vox, Cristóbal Palacio, le ha pedido algunas explicaciones sobre algunas de las medidas anunciadas, en relación, por ejemplo, a la implantación de planes de igualdad de las empresas; en vivienda o prestaciones.

Y desde Cs, se ha alertado de la situación del empleo, donde, según ha dicho su portavoz en la comisión, Marta García, hay «menos contratación, más paro y más precariedad» y ha pedido que se preste atención a los autónomos.

La consejera ha asegurado a los grupos de la oposición tienen «las puertas de su despacho abiertas» y éstos le han ofrecido colaboración.