Gobierno aprobará la reforma de la Ley de Caza en febrero para asumir las indemnizaciones por daño del lobo

Revilla, Oria y el director general del Medio Natural se han reunido este martes con una representación de ganaderos afectados por el lobo, días después de la protesta de Arredondo

La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria se ha comprometido con los ganaderos afectados por el lobo a intentar que se apruebe en febrero, o antes, la reforma de la Ley de Caza de Cantabria que permitirá al Ejecutivo ser quien indemnice por los daños que cause esta especie en todo el territorio autonómico, algo que no ocurre ahora con la normativa vigente.

Así se lo han trasladado este martes los representantes del Gobierno de Cantabria a ganaderos afectados por el lobo procedentes de diferentes zonas de la comunidad, que se han quejado de que los propietarios de algunos cotos, como por ejemplo en la zona del Alto Asón, les dan «largas» cuando solicitan ser indemnizados por daños causados por estos animales y no los asumen, alegando que desde el Ejecutivo no se les autoriza a cazarlos.

La reunión con esta representación de los ganaderos ha llegado después de la protesta que este colectivo llevó a cabo el pasado 1 de noviembre en la feria de Todos los Santos de Arredondo y en ella han estado presentes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria (PRC), y el director general de Medio Natural, Antonio Lucio.

Tras el encuentro, una portavoz de los ganaderos que ha acudido a Peña Herbosa, Marta García, ha alertado de que los lobos están llegando a las «puertas de casa» y ha pedido que se lleve a cabo un control poblacional de esta especie para que puedan ejercer su «derecho a poder trabajar dignamente».

Por su parte, Lucio ha aclarado que el «problema» con las indemnizaciones no está en aquellas que asume el Gobierno -que se limitan a las relativas a daños causados por el lobo en la Reserva Regional de Caza Saja–, donde «no hay un retraso significativo», sino en las que tienen que pagar los cotos.

Así lo han reconocido los ganaderos, que han afirmado que el Coto y Reserva Regional «no hay ningún problema» a la hora de cobrar las indemnizaciones, algo que sí existe en los cotos, donde los ganaderos que se encuentren con la negativa de los propietarios a indemnizar por los daños del lobo que se produzcan en terrenos de su titularidad tienen que acudir a los tribunales para reclamar, con el gasto que ello supone.

Lucio ha asegurado que, precisamente, es este problema en el pago de las indemnizaciones de los daños que se producen en los cotos el «punto crítico» y la cuestión «clave» por la que el Gobierno ha decidido llevar a cabo la reforma de la Ley de Caza de Cantabria que permita a la vez que el lobo se mantenga como especie cinegética y que el Ejecutivo pueda asumir las indemnizaciones por daños en todo el territorio, no solo en la Reserva Regional como ocurre ahora.

Por ello, el Gobierno se ha comprometido con los ganaderos a intentar buscar el compromiso de los grupos parlamentarios para que la reforma legislativa pueda estar aprobada por la Cámara regional en febrero o incluso antes.

Además, el Ejecutivo ha pedido a los ganaderos que hasta que se apruebe la reforma de la Ley de Caza y el Gobierno pueda asumir todas las indemnizaciones, le notifiquen aquellos casos en los que los titulares de los cotos no quieran hacerlo para poder «tomar medidas» y recordarles «su obligación legal» al respecto.

Lucio ha negado que el Gobierno no esté concediendo autorizaciones para matar lobo y ha señalado que este año se han conocido «más de 300», algo que no significa que se haya acabado con ese volumen de animales (han muerto unos 17).

Respecto a los controles poblaciones, los ganaderos han asegurado que «nadie quiere exterminar al lobo» pero reclaman un control poblacional que les permita poder realizar su trabajo.

Tras la reunión con el Gobierno, esta representación de ganaderos convocará una asamblea con todo el colectivo para decidir qué pasos dan o si aguardan al plazo dado por el Gobierno para la aprobación de la reforma de la Ley de Caza.