Gobierno andaluz acordará pedir al Ministerio del Interior una unidad especial de lucha contra el narcotráfico

SEVILLA, 14

El Consejo de Gobierno andaluz emitirá sendas solicitudes al Ministerio del Interior para que se cree una unidad especial de lucha contra el narcotráfico para la provincia de Cádiz y que ésta sea declarada zona de especial singularidad.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, el consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha explicado que, tras el trágico suceso de Barbate, con dos guardias civiles asesinados, desde Andalucía, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, se instará al Ministerio de Interior a la «creación de una verdadera» unidad especial de lucha contra el narcotráfico, con medidas extraordinarias, porque la que se creó en 2018 y acabó desapareciendo «no lo era».

Ha añadido que el Consejo de Gobierno andaluz también elevará una solicitud al Ministerio de Interior para que la provincia de Cádiz en su totalidad sea declarada zona de especial singularidad, y que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tengan «condiciones de estabilidad, de permanencia y de seguridad».

Sanz ha defendido que dos medidas de esta importancia requieren que haya «incentivos laborales y económicos» para los agentes, que favorezcan que puedan quedarse en una zona tan complicada, en condiciones de seguridad.

Para el consejero andaluz, no se trata ya de «recuperar», sino de crear una nueva unidad especial de lucha contra el narcotráfico, de carácter permanente, porque la que se conformó en el año 2018 «no era una verdadera unidad especial». Ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que deje de «engañar» en relación con esa unidad, que se «desmanteló».

Ha expuesto que esa unidad del año 2018 «no fue creada con personal extraordinario, como debía haberse hecho, sino que se dotó de guardias civiles, mayoritariamente de las comandancias de la zona, de manera que al final no había nada extraordinario, sino que era quitar a un agente de un sitio para ponerlo en otro».

Asimismo, el consejero ha lamentado, que tras los ocurrido en Barbate, la Guardia Civil siga «sin tener ni un solo medio marítimo funcionando a día de hoy, y lo único que conocemos es la convocatoria de seis plazas para impulsar la lucha contra el narcotráfico», mientras que vehículos de defensa extraordinaria que se requerirían en la provincia de Cádiz, son distribuidos por el Gobierno central en otras provincias de España.

«El Ministerio del Interior ha ampliado el ámbito de actuación del plan especial de Cádiz a todas las provincias y ahora te puedes encontrar un coche con defensas especiales frente a agresión o choque, como hacen los narcotraficantes, con embestida brutal para asesinar a agentes, en cualquier provincia de España, y eso no es tratar como se debe un problema como este», ha expuesto Sanz.

El consejero también ha lamentado que el ministro se haya «negado a que tanto los alcaldes como la Junta de Andalucía estén en las reuniones que ha podido convocar para analizar la situación», ya que «ha sustituido las juntas locales de seguridad, donde participamos todas las administraciones, por comisiones técnicas, como hizo el otro día en Cádiz, donde solamente hablan entre ellos».

«Para evitar que los alcaldes y la Junta de Andalucía podamos asistir a esas reuniones, ha cambiado las juntas locales de seguridad y ya no las convoca, cuando tendría que haberla convocado en un caso como este, y se ha inventado una comisión técnica donde no asistan el resto de administraciones», según ha dicho.

Sanz ha lamentado «que no haya esa voluntad de cooperación y coordinación que es fundamental en materia de seguridad» y la «extrema insensibilidad que está demostrando el Gobierno de Pedro Sánchez con la Guardia Civil y con la sociedad en general».

Para Sanz, estamos ante un problema «grave y estructural» de una zona de Andalucía donde es imprescindible «recuperar el principio de autoridad del estado de derecho» y para ello hay que tomar «todas las decisiones necesarias, incluidas las del ámbito legal, de endurecimiento y aplicación de la ley hasta sus más altas consecuencias ante casos, entre otros, de agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que tengan como consecuencias lesiones o fallecimientos».