Gómez de Diego denuncia que Cantabria perderá 93 millones hasta 2026 por el rechazo de PP a la senda de estabilidad
La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha denunciado hoy que «Cantabria perderá 93 millones de euros» hasta 2026 por el rechazo del PP a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de España.
A su juicio, esta decisión «injustificada» genera un «grave perjuicio» para Cantabria y todas las comunidades autónomas y ayuntamientos.
En un comunicado, Gómez de Diego ha explicado que la decisión del PP implica que las comunidades autónomas contarán en 2024 con una décima menos de margen fiscal y con dos décimas menos para 2025 y 2026. «Esta medida se traduce en una reducción de 7.500 millones de euros para gasto social en el conjunto de las autonomías», ha dicho.
En el caso concreto de Cantabria, la delegada ha detallado que la medida supondrá «un ajuste fiscal de 93 millones de euros entre 2024 y 2026». «Este ajuste tendrá un impacto de 17,6 millones en 2024, 36,8 millones en 2025 y 38,5 millones en 2026, afectando directamente a la calidad de los servicios públicos esenciales en la comunidad», ha lamentado.
«La decisión del PP es una irresponsabilidad que pagarán los ciudadanos y que repercutirá en la calidad de los servicios públicos esenciales», ha subrayado Gómez de Diego.
Asimismo, la delegada ha recordado que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la nueva senda fiscal con la abstención de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, calificando de «incongruente» que ahora el PP vote en contra, perjudicando así los intereses de las comunidades que gobiernan y de toda la ciudadanía.
«No hay ninguna causa que justifique el rechazo del PP a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de España, una propuesta que beneficiaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de Cantabria, y por su extensión a sus ciudadanos», ha censurado.
Finalmente, ha indicado que los partidos que han votado en contra de la senda imponen un ajuste total de 10.500 millones de euros a comunidades autónomas y ayuntamientos, un coste que, según ella, «recae injustamente sobre los ciudadanos».
