Prohens culpa al PSOE de la sentencia que obliga a Baleares a pagar 96 millones al empresario Matthias Kühn
PALMA, 7
La actual presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha culpado a los anteriores Gobiernos socialistas en la región de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma que el Ejecutivo regional deberá pagar 96 millones de euros a una empresa de Matthias Kühn, lamentando que «compromete las cuentas de cualquier administración pública».
Así se ha expresado la presidenta este jueves en una rueda de prensa en la que ha lamentado que dicha sentencia es «una mala noticia para los bolsillos de los ciudadanos de Baleares».
En concreto, el Tribunal Supremo confirmó que el Gobierno balear deberá pagar 96 millones a una empresa de Kühn por unos terrenos de la urbanización Muleta II en Port de Sóller. Y es que la sentencia repasa la tramitación judicial de este conflicto, que se inició en 2010, cuando gobernaba el socialista Francesc Antich.
En 2013 se reconoció el carácter urbano de estos terrenos, mientras que una ley de Armengol los reclasificó como suelo rústico protegido e imposibilitó que Muleta se reincorporase como suelo urbano.
Según Prohens, la sentencia demuestra la «falta de diligencia que tiene la izquierda a la hora de gestionar el dinero público». «Lo hemos visto estos últimos días con este escándalo nacional que tiene un epicentro en Baleares muy claro –trama Koldo– y lo vemos ahora con esta nueva sentencia», ha criticado.
En este sentido, ha considerado que «lo primero que debería hacer» el PSIB es «salir, dar la cara y pedir perdón a los ciudadanos», puesto que «100 millones de euros es mucho dinero». «Hoy es un día para que el Partido Socialista salga y se haga responsable de haber administrado de esta forma el dinero de los ciudadanos», ha añadido.
Prohens ha afirmado que «evidentemente» el Govern «debe cumplir esta sentencia». Por ello, se está tratando «de qué forma se puede hacer efectivo este pago en el plazo establecido», que es «muy breve», sin que los ciudadanos de las Islas «lo noten» y sin «comprometer inversiones o infraestructuras fundamentales».
