Gamarra exige «máximas garantías» en la reforma del CGPJ y anuncia recurso ante la Mesa del Congreso
Pide revocar el procedimiento de urgencia e insiste en que se pida informe al Consejo del Poder Judicial y a la Comisión de Venecia
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, considera que la tramitación de la reforma para limitar las funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado debe hacerse con las «máximas garantías» y ha anunciado que su formación recurrirá las decisiones adoptadas este miércoles al respecto por la Mesa de la Cámara.
En concreto, el PP va a presentar recurso contra la tramitación urgente de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, así como contra la negativa del órgano de gobierno de la Cámara a solicitar informes sobre la misma tanto al propio Consejo como a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia del Consejo de Europa).
Así lo ha anunciado Gamarra, en declaraciones a Europa Press, dejando claro que su formación utilizará todo los recursos parlamentarios a su alcance para intentar que esa norma, que busca que el CGPJ no pueda hacer nombramientos discrecionales mientras esté en funciones, se tramite «con las máximas garantías».
PASO PREVIO A IR AL TC
Para ello, el PP pedirá a la Mesa de la Cámara que reconsidere las decisiones adoptadas este miércoles. Si esos recursos son rechazados, el Grupo Popular tendrá base para dar un paso más y llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional.
En primer lugar, la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos en el órgano de gobierno de la Cámara ha impuesto que la reforma se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que implica reducir los plazos a la mitad.
Por lo pronto, la Mesa ha fijado un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, un trámite que estaba pendiente desde que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 15 de diciembre.
Ese plazo comenzará a contar ya este mes de enero. Y es que PSOE y Unidas Podemos, autores de la proposición de ley, ya habían recabado el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta necesaria para forzar que se habilitase este mes para poder avanzar con la reforma.
Los grupos que se oponen a la misma, el PP entre ellos, tendrán ahora una segunda oportunidad para intentar frenarla pidiendo prórrogas o presentando una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero.
EL CGPJ PIDIÓ SER OÍDO
En la reunión de la Mesa también se han rechazado, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, los escritos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma, una decisión que los populares también van a intentar que se reconsidere.
Y es que, si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de Estado y también al propio CGPJ, pero ese trámite no es legalmente necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley.
El pasado 17 de diciembre, el propio CGPJ, con el voto de 16 de sus 21 vocales –todos ellos pendientes de renovación desde hace dos años–, pidió al Congreso emitir una opinión sobre la reforma por afectar «al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial».
ESCUCHAR A TODOS LOS IMPLICADOS
El CGPJ reconoce que la petición de un informe de este tipo es «potestativa» en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede obviarse su opinión porque, cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de gobierno debe tramitarse «dando audiencia a todos los sectores implicados».
Por eso solicitó al Congreso que recabe la opinión no sólo del CGPJ, sino también de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia del Consejo de Europa), así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.
Tras el acuerdo el CGPJ, el Grupo Popular registró una solicitud similar ante la Mesa alegando que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es «manifiestamente inconstitucional» y que la «maniobra» de tramitarla como proposición de ley y no como proyecto de ley, evitando así los informes preceptivos del CGPJ y el Consejo de Estado, «evidencia claramente que se trata de imponer un gobierno de los jueces ideológico, no profesional e independiente, formado por personas con tendencia ideológica de izquierdas».
SE RESOLVERÁN EN FEBRERO
Ambos escritos han sido estudiados este miércoles en la Mesa del Congreso, así como un informe de los servicios jurídicos confirmando que la decisión de pedir o no informes corresponde al órgano de gobierno de la Cámara y que hay precedentes en uno u otro sentido.
Con ese margen de maniobra, el PSOE y Unidas Podemos, de nuevo con el voto en contra de PP y Vox, han impuesto su criterio de no recabar informes a ningún órgano. El PP intentará con su recurso que esa decisión se revise, aunque su solicitud no tiene visos de salir adelante.
Además, la Mesa sólo podrá resolver los recursos del PP tras escuchar a la Junta de Portavoces, un órgano que en principio no prevé reunirse hasta el inicio del nuevo periodo de sesiones, ya en el mes de febrero.
