Galán dice que el acuerdo para las nucleares no supone alargar su vida útil, sino que sigan operativas 40 años

MADRID, 25

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que el acuerdo para el cierre ordenado del parque nuclear en España entre 2027 y 2035 no supone alargar la vida útil de las centrales, sino permitir que sigan operativas durante los 40 años para los que fueron diseñadas.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Galán indicó que la posición de Iberdrola es «muy clara» y no está «hablando de alargar la vida» útil, sino que estas centrales fueron diseñadas para 480 meses (40 años) de funcionamiento y «algunas de ellas no han estado funcionando durante tanto tiempo, puesto que durante algún tiempo se han dedicado a la recarga».

«Por lo que todavía queda un rango operativo de 6-7 años en cada una de las centrales», subrayó el presidente de Iberdrola, recalcando también que no se debe «perder de vista» el esfuerzo inversor que supone mantener operativas estas instalaciones. «Estas centrales podrán seguir funcionando dentro de una manera económica y viable», dijo.

Galán afirmó que el acuerdo alcanzado «encaja» con las necesidades de Enresa en cuanto a costes y con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno, así como con los intereses de los propietarios de las centrales. «Se ha llegado a un acuerdo que yo creo que es razonable», dijo.

Por otra parte, indicó que la nueva capacidad de 3.000 megavatios (MW) de renovables que se pondrá en marcha en España para 2022 por el grupo se dedicará tanto a contratos de compraventa a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) como a cubrir las necesidades de energía de la compañía. «Nuestra demanda de los clientes supera la producción y esto va a cubrir en parte la energía que estamos comprando en el mercado. El PPA se está formando sin ser un PPA directamente interno», dijo.

UN IMPACTO DE 40 O 50 MILLONES POR IMPUESTO A LA GENERACIÓN

Asimismo, la energética estimó el impacto en este primer trimestre del año por la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% en alrededor de 40 o 50 millones de euros.

La suspensión del impuesto a la generación eléctrica fue adoptada temporalmente por el Gobierno el pasado mes de octubre como una de las medidas para hacer frente a la subida en el precio de la luz, aunque el tributo ha vuelto a entrar en vigor este mes de abril.

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