Galán afirma que el canon hidráulico no tendrá efecto en el recibo de la luz, ya que debe devolverlo Hacienda
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que la anulación por el Tribunal Supremo de la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014, que avala su devolución a las eléctricas, no «afectará» al déficit del sistema eléctrico, ya que tiene que «ver con el Ministerio de Hacienda».
En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Galán señaló que el grupo todavía no ha tenido tiempo para analizar el impacto de esta sentencia, aunque consideró que será «positiva» para las cuentas del grupo, que dará los detalles «en cuanto conozca las cifras».
No obstante, dejó claro que la devolución de la cifra cargada a las eléctricas por el canon hidráulico no tendrá efecto sobre el consumidor a través del recibo de la luz, ya que «es algo que deben tratar las empresas y el Ministerio de Hacienda».
El Tribunal Supremo ha anulado la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014, que el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy impuso a las eléctricas en 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
Según las sentencias a las que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal ha fallado a lo largo del pasado mes de abril a varios recursos contencioso-administrativos presentados por Acciona o Endesa, estimando en parte las demandas contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
Así, el Supremo declara «la nulidad de la disposición transitoria segunda, así como de la disposición adicional primera, segundo párrafo, del citado Real Decreto 198/2015, por ser ambas contrarias al ordenamiento jurídico, desestimando en lo demás las diversas pretensiones ejercitas en este recurso».
De los 500 millones de euros que tendrá que devolver el Gobierno a las compañías, 400 millones corresponden a Iberdrola y Endesa.
