Galicia pide al Gobierno una comisión mixta para aclarar su marco legal ante el fin del estado de alarma

Feijóo quiere clarificar los artículos de la ley de salud recurridos ante el TC y ve un «doble salto mortal» la situación tras el 9 de mayo

NIGRÁN (PONTEVEDRA)/SANTIAGO, 7

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado que «de forma inmediata» va a pedir una comisión mixta para «evaluar qué artículo o artículos» de la ley de salud gallega que el Gobierno de Pedro Sánchez «considera que puedan rozar la Constitución», con el fin de clarificar el marco legal gallego ante el anuncio del fin del estado de alarma y la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, aprobada por el Parlamento de Galicia.

Así ha respondido a preguntas de los periodistas este miércoles durante un acto en Nigrán (Pontevedra), en el que Feijóo ha censurado que el Gobierno anunciase un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la ley de salud aprobada por Galicia, sin haber abierto un diálogo previo en la comisión bilateral. «Esto no es el modelo de cogobernanza ni el modelo de la planificación», ha censurado.

Así, ha trasladado su intención de que se abra una comisión mixta para «tener una discusión jurídica sólida e institucional entre un Gobierno central que deja a las comunidades autónomas sin herramientas (por el fin del estado de alarma), y una comunidad autónoma que tiene una herramienta para poder gestionar la pandemia, una vez finalizado el estado de alarma, que todo parece indicar que puede finalizar el 9 de mayo».

En este sentido, ha apuntado que espera «que no se presente el recurso de inconstitucionalidad y no se paralice la ley gallega hasta que al menos» se sienten ambas administraciones y puedan «hablar y dimensionar las dudas que asistan al Gobierno central sobre la ley de la comunidad autónoma para gestionar la pandemia».

Ligado con ello, el mandatario gallego también ha incidido en que «es urgente una conferencia de presidentes autonómicos para saber exactamente cuál es el manual a partir del 9 de mayo, qué ocurre en ayuntamientos con incidencias elevadas, en comunidades autónomas con riesgo alto todavía».

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha avanzado este miércoles que en la Xunta preguntarán al Gobierno central «cuales van a ser» los mecanismos legales de los que dispondrán las comunidades para la imposición de medidas una vez venza el plazo del estado de alarma vigente desde octubre y que el Ejecutivo estatal no tiene previsto ampliar.

«DOBLE SALTO MORTAL»

Feijóo ha considerado que, frente al anunciado final del estado de alarma el próximo 9 de mayo, las comunidades autónomas están «ante un doble salto mortal», ya que, ha dicho, no tienen «información sobre lo que va a ocurrir» posteriormente y tampoco tienen «una alternativa jurídicamente sólida para poder seguir gestionando la pandemia».

En este contexto, ha remarcado que en España no hay «ninguna legislación específica para la gestión de una pandemia y para poder poder tomar decisiones como limitación de movimientos, cierre de actividades económicas y limitación de derechos fundamentales».

Así, ha avanzado que tras el estado de alarma las decisiones que tomen las comunidades autónomas «tendrán serias dificultades y podrán ser anuladas total o parcialmente por los distintos tribunales de justicia». «No estamos en la mejor de las situaciones para dar un mensaje de tranquilidad y de seguridad jurídica sobre las decisiones que tengamos que adoptar a partir del 9 de mayo», ha sellado.

«INSEGURIDAD JURÍDICA»

En la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos del comité clínico reunido en la noche del martes, García Comesaña, ha señalado que la finalización del estado de alarma para el próximo 9 de mayo anunciada «por sorpresa» por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supondrá que las comunidades dejen de tener «las herramientas» con las que han trabajado hasta el momento para la imposición de restricciones vinculadas al control de la pandemia.

Para el titular de Sanidade del Ejecutivo autonómico, las comunidades «pudieron» adoptar, «con cierta inseguridad jurídica», restricciones de movilidad, el toque de queda o imponer limitaciones a la hostelería con las «herramientas limitadas» que amparaba el estado de alarma ante la ausencia de una legislación estatal que, como ha subrayado, Galicia ha reclamado «desde hace mucho tiempo».

Ante la falta de esta normativa para gestionar las medidas de la pandemia, ha continuado Comesaña, Galicia decidió elaborar una reforma de la ley de salud que fue aprobada a comienzos de año por el Parlamento gallego y que ha sido recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.