Fundalib carga contra Hacienda por querer «restringir la libertad fiscal de las comunidades autónomas»
La Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) ha cargado este jueves contra el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero por pretender «restringir la libertad fiscal de las comunidades autónomas» con la «imposición» de una estructura fiscal homogénea, que «elimina incentivos para mejorar la eficiencia administrativa y la calidad del gasto público».
Por ello, la Fundación para el Avance de la Libertad ha reclamado al Gobierno en un comunicado que respete la autonomía fiscal de las comunidades, tal y como está reconocida en la Constitución.
«Las comunidades autónomas deben poder competir para ser atractivas económicamente, en lugar de verse forzadas a acatar un modelo fiscal homogéneo que ahoga el desarrollo (…) Esta medida no sólo supone una intromisión administrativa, sino un ataque frontal contra la competitividad fiscal, la atracción de inversiones y la creación de empleo en nuestro país», denuncia.
Como responsables, junto a la Tax Foundation, de la elaboración anual del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), la Fundación ha defendido el principio de competencia fiscal «como un mecanismo esencial en una economía descentralizada».
«La armonización fiscal impuesta desde el Gobierno central supone una carrera forzada hacia una mayor presión fiscal y un intervencionismo que limitará gravemente las oportunidades de crecimiento y desarrollo de las regiones», sostiene Fundalib.
En este sentido, subraya que los resultados del IACF 2024 constatan que las comunidades con impuestos más bajos, normativas simplificadas y estructuras tributarias competitivas son la que lideran el crecimiento económico.
«Madrid, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Andalucía destacan por atraer inversión y generar empleo, mientras que regiones como Cataluña, Asturias y Aragón, con una elevada presión fiscal y complejas regulaciones, ven frenada su actividad económica y expulsan talento y capital», sostiene.
Un caso paradigmático, apunta la Fundación, es el del Impuesto sobre el Patrimonio. Mientras comunidades como Madrid, Andalucía y Extremadura han eliminado esta carga tributaria con bonificaciones del 100%, otras como Cataluña siguen aplicando «uno de los regímenes fiscales más confiscatorios de Europa, agravado por el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que desincentiva la inversión y penaliza el crecimiento patrimonial».
