Función Pública y sindicatos analizan mañana la estructura administrativa que gestionará los fondos UE

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos del área pública se reunirán este jueves para analizar la estructura administrativa que gestionará los fondos procedentes de la Unión Europea para proyectos de recuperación.

La reunión tendrá lugar después de que Miquel Iceta haya asumido la cartera de Política Territorial y Función Pública en sustitución de Carolina Darias, nombrada como nueva ministra de Sanidad.

En el encuentro se analizará la estructura administrativa que gestionará los fondos procedentes de la UE para proyectos de recuperación, en el marco del Real Decreto para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

CSIF considera que las administraciones públicas deben ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, también mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía, que se encuentran «seriamente tensionados» en todos los ámbitos.

Asimismo, el sindicato defiende que esta estructura administrativa sea «eficaz y eficiente», que actúe con transparencia y facilite la función de los profesionales que trabajen en las diferentes unidades departamentales.

CSIF VALORA QUE ICETA SE COMPROMETA A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES

El sindicato ha trasladado su felicitación a Miquel Iceta por la toma de posesión de la cartera de Política Territorial y Función Pública y ha valorado que en su discurso de toma de posesión el ministro haya trasladado su compromiso por «seguir trabajando para mejorar las condiciones salariales y laborales» de los trabajadores públicos.

Por ello, CSIF le tiende «desde ya» la mano con «voluntad constructiva» para continuar el diálogo con las organizaciones sindicales con el fin de alcanzar un acuerdo de legislatura.

La organización viene reclamando la recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010 para recuperar el poder adquisitivo y poner en valor la labor de los empleados públicos que «con dificultades y esfuerzo han salvaguardado la prestación de servicios a los ciudadanos en la actual crisis por el Covid-19».

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