Función Pública asegura tener «muy avanzado» el decreto de teletrabajo de la AGE, que prevé aprobar en enero
La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha asegurado este martes que el Ministerio tiene «muy avanzado» el real decreto de teletrabajo para los empleados públicos de la Administración General del Estado, que está previsto aprobar en enero.
Así lo ha señalado la secretaria de Estado durante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Este real decreto de teletrabajo tiene un proceso común a todos los organismos ministeriales, según ha señalado la secretaria de Estado. Al mismo tiempo, cuenta con la flexibilidad suficiente para poder adaptarse a la situación que en cada caso se requiera, incluida la atención muy singular a las zonas despobladas para que se pueda llevar a cabo una prestación eficiente de los servicios públicos, sin merma de su calidad.
SALIR DE LA CRISIS «MÁS FORTALECIDOS»
Según la secretaria de Estado la crisis ha supuesto un impacto «altísimo» en el ámbito de la administración pública, que ha puesto de manifiesto que servicios públicos «son más necesarios que nunca».
«Tenemos que salir de ese proceso más robustos y fortalecidos», ha remarcado Sánchez, tras indicar que un instrumento clave para ello es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Plan contempla en el Componente 11 un conjunto de reformas e inversiones que tienen como objetivo la transformación en la Administración Pública.
Además ha señalado que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se recogen un total de 2.282 millones de euros para la secretaría de Estado de Función Pública, lo que supone un crecimiento 10,03% respecto al presupuesto del ejercicio anterior.
«Estos Presupuestos son una oportunidad para el proceso de fortalecimiento de la administración pública y el reconocimiento de sus empleados», ha remarcado la secretaria de Estado.
La secretaria ha mencionado tres ejes fundamentales de actuación inmersas en las líneas presupuestarias, que abarcan la ciudadanía, los empleados público y la organización y los procesos.
El primer eje está basado en poner a la ciudadanía en el centro de la gestión pública y se llevará a cabo a través de la apuesta por la transparencia o el impulso de un cuarto plan de gobierno abierto y captación de talento. Además, se ha mejorado la tasa de reposición, que alcanza el 110% para el ámbito general, el 120% para servicios prioritarios y el 125% para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El segundo eje busca reforzar competencias profesionales, apostando por el talento interno. Entre las líneas de este eje destaca el incremento de las retribuciones del 2% para los más de 2,7 millones de empleados públicos para mantener poder adquisitivo, entre otras.
Por último se recoge en el tercer eje las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, que son las referidas a la reducción de la temporalidad, la ley de función pública, la ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de los empleados públicos y la de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas.
