Frenar los asesinatos de líderes sociales: el gran reto del Estado colombiano

Más de 1300 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde la firma del pacto de paz con las FARC

«Quien denuncia la corrupción «es amenazado, estigmatizado y, en el peor de los casos, asesinado», denuncia el líder indígena José Silva

BOGOTÁ, 28

Disentir cuesta cada año la vida a centenares de defensores de derechos humanos en Colombia: al menos 1.327 líderes sociales y comunitarios han sido asesinados en el país cafetero desde la firma del pacto de paz con las FARC, en noviembre de 2016, según cifras de la organización Indepaz, en una ola de violencia que se ha convertido en uno de los principales desafíos a batir para quien se haga con la victoria en las elecciones presidenciales que comienzan este domingo en el país.

En Colombia se muere por defender a las poblaciones indígenas, oponerse a la minería y al narcotráfico, impedir la deforestación de una reserva natural o encabezar una colectividad rural; y quienes son víctimas del flagelo denuncian la impunidad, un factor determinante para que continúen los asesinatos, así como la incapacidad del Estado para poner freno a los violentos, algo que deberán tener en cuenta los dos grandes contendientes: Gustavo Petro y su Pacto Histórico por la izquierda, y Federico Fico Gutiérrez al frente de la muy conservadora coalición Equipo por Colombia.

«Todo aquel que se atreva a denunciar aquí en Colombia hechos de corrupción es amenazado, estigmatizado y, en el peor de los casos asesinado», clama José Silva, líder de la ONG Nación Wayúu, que defiende los derechos del pueblo indígena de La Guajira, una región colombiana donde el 66% de la población se encuentra en situación de pobreza monetaria y en la que este año han muerto 21 niños por causas relacionadas con la desnutrición.

Silva ha sufrido ya cuatro atentados contra su vida. «A través de nuestras denuncias públicas y penales hemos tratado de visibilizar la problemática de la región, algo que ha sido de gran ayuda para muchas comunidades, pero a su vez nos hemos convertido en esa piedra de tropiezo para la corrupción estatal, y es lo que nos ha generado problemas», asegura a Europa Press.

Los asesinatos son sólo la parte más visible del asedio que sufren los líderes sociales. En la zona gris quedan los miles que han sufrido atentados, los que han tenido que exiliarse de sus comunidades y quienes se han autocensurado y silenciado para no sufrir las represalias de los violentos.

«Como ser humano uno se atemoriza. Uno tiene familia. El año pasado me fui tres meses desplazado de mi casa para Bogotá, pero aquí estoy otra vez, en La Guajira, porque a uno le duele lo que sucede a su familia, y a sus hermanos. Yo creo que el temor tiene que desplazarse también. Aquí estamos y seguimos en esta lucha que no es nada fácil, en el nombre de Dios, hasta que él quiera», reivindica Silva.

Silva recuerda bien el último atentado contra su vida. «Estábamos en una reunión cuando llegaron unos sicarios en moto y dispararon contra el vehículo que teníamos. Pensaban ellos que estábamos dentro del carro, pero en realidad habíamos ingresado a una vivienda de una autoridad indígena», explica.

El politólogo colombiano Ariel Ávila destaca en su libro ¿Por qué los matan? que los asesinos no son los mismos y que el carácter sistemático está más bien en el perfil de las víctimas. Los ataques a los líderes sociales son, según el autor, un protocolo para la destrucción de la democracia.

En su investigación, Ávila concluye que el 70% de los asesinos identificados son sicarios que ni siquiera saben quién los contrató. En ocasiones, las autoridades dan con la víctima, pero el autor intelectual permanece oculto. El 30% restante son, según Ávila, miembros del grupo narcoparamilitar conocido como el Clan del Golfo, de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y también efectivos vinculados a las disidencias de las extintas FARC.

La Fiscalía ha recabado datos sobre los autores de 103 asesinatos. El 17,5% fueron perpetrados por pequeñas bandas de sicariato, el Clan del Golfo fue el culpable del 11,86%, el ELN del 7,91% y las disidencias del 1,13%. Los líderes en mayor riesgo son los que viven en las zonas con mayor número de plantaciones de coca o en cuyo territorio se han establecido rutas del narcotráfico.

Cauca, una región donde los cultivos ilícitos han explosionado recientemente, es la región más afectada, con 309 asesinatos desde 2016.

«Es todo por el territorio», asegura el líder indígena Nasa Fabián Camayo, quien habla desde un pequeño camastro situado en la humilde estancia de su casa, levantada sobre un risco en el pequeño resguardo de Las Delicias, profundo en las montañas del norte del Cauca, desde el que se pueden ver algunos de los cultivos ilícitos contra los que lucha su comunidad.

Camayo no puede levantarse de su lecho porque está herido. Recibió dos balazos a mediados de enero durante una discusión con la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, que protegen a quienes plantan coca, según denuncia el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

En noviembre mataron a su hermano Marcos y otro hermano, Albeiro, fue asesinado mientras él estaba en el hospital, recuperándose del atentado en el que también murieron su amigo Roberto Chicame y Bréiner David Cucuñame, un niño de 14 años.

Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas resalta que más del 44% de los asesinatos tienen lugar en las viviendas de las víctimas, algo que denota un alto grado de premeditación. Por todo ello, el freno a los asesinatos de líderes sociales es uno de los grandes retos del gobernante que resulte elegido en las elecciones presidenciales colombianas que tendrán lugar este domingo.