Fracasa una iniciativa de UPN, PP y Vox para agilizar las medidas contra la okupación al ser un «problema inexistente»

El PP consigue que la Comisión de Interior pida más medios policiales en zonas rurales y contra los petaqueros de narcolanchas

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) de UPN que ha contado con el apoyo del PP y Vox instando a agilizar las medidas contra la okupación de viviendas por el voto en contra del PSOE y del resto de partidos, que han defendido con matices que se trata de un «problema inexistente» en lo que se refiere al allanamiento de viviendas habitadas.

El texto presentado por UPN reclamaba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 24 horas desde la denuncia para poner fin al «calvario» que sufren los propietarios de viviendas.

El partido navarro ha asegurado que las denuncias por estos delitos han crecido un 60% desde 2017 y que sólo el año pasado se registraron 15.289 casos tanto del delito de allanamiento de morada, incluyendo segundas residencias habitadas, como del delito de usurpación de inmuebles o locales vacíos –la estadística del Ministerio del Interior no diferencia entre delitos–.

PNV ABOGA POR ATAJAR LA USURPACIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS

El PP ha respaldado la iniciativa de UPN al defender que «nadie tiene derecho a asaltar la propiedad privada porque es algo inmoral» y Vox, que ha presentado una enmienda aceptada parcialmente, ha relacionado la okupación con la inmigración, un problema que se deriva de las «bobadas buenistas del sanchismo».

El PSOE ha apuntado que se trata de un «problema inexistente», remitiéndose a la estadística del Ministerio del Interior que recoge un descenso de casi el 9% en toda España de denuncias tramitadas por okupación de viviendas en 2023, la gran mayoría por delitos de usurpación sobre viviendas o locales vacíos, frente a los de allanamiento de morada habitada, incluyendo segundas residencias.

Cataluña anotó 6.258 denuncias, un 10% menos que el año anterior, aunque sumando más que Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana juntas, según los datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2023.

Sumar ha reprochado a UPN que no pusiera el foco en el problema de encontrar vivienda por parte de gran parte de la población, así como en políticas para que no haya casas vacías, tomando de referencia modelos como el impulsado en Bruselas.

El voto en contra del PNV ha sido clave para tumbar la PNL de UPN respaldada por PP y Vox. El partido vasco ha justificado su no en la falta de diferenciación entre el allanamiento –que «no es un problema porque se desaloja inmediatamente»– y el de usurpaciones de viviendas y locales vacíos.

De esta forma, el PNV se ha mostrado a favor de legislar para atajar los problemas más comunes de usurpación de viviendas, pero siempre que se mantenga la mediación judicial, ya que entiende que es «importante recuperar la propiedad a la mayor velocidad posible».

PETAQUEROS E INSEGURIDAD EN ZONAS RURALES

Precisamente la abstención del PNV ha permitido el empate en la votación a mano alzada en otras dos PNL del PP, que han salido adelante por el voto ponderado: una para mejorar los medios en zonas rurales despobladas, afectadas según el texto por un incremento de la criminalidad y de la okupación, y una segunda iniciativa contra los petaqueros que suministran gasolina a las narcolanchas.

El PP también ha conseguido el apoyo de la Comisión de Interior para instar al Gobierno a mejorar los medios de la prisión de Almería, aprovechando el debate para volver a reclamar que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de autoridad.

Aunque figuraba en el orden del día, la Comisión de Interior finalmente no ha debatido una PNL de ERC sobre «la existencia de connivencia y tolerancia para con la ideología y comportamientos ultras en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

ERC se refería en el texto retirado a varios incidentes registrados en el «País Valencià» y pedía que se investigara «la presencia de grupos de ultraderecha en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los vínculos de algunos agentes al culto de ideas ultraderechistas».