Junts interpelará el miércoles al Gobierno en el Congreso sobre el supuesto maltrato económico a Cataluña
Junts dirigirá en el Pleno del Congreso del próximo miércoles una interpelación al Gobierno de coalición en la que aprovechará para denunciar el «maltrato» económico al que consideran que el Estado ha venido sometiendo a Cataluña en los últimos tiempos.
Con esta iniciativa, que dará lugar una semana después a la votación de la consiguiente moción, los independentistas catalanes pretenden denunciar esta situación y pedir al Gobierno que especifique qué relaciones económicas piensa impulsar en esta legislatura para con Cataluña.
El texto de la interpelación, que lleva la firma del diputado Ferrán Bel, subraya que el «conflicto» entre España y Cataluña no sólo tiene una dimensión política, «agudizada» tras la sentencia del Estatut, sino también económica por la cual «una gran mayoría de catalanes» se sienten «maltratados» en la relación económico-financiera con el Estado.
«APORTA POR ENCIMA DE LA MEDIA Y RECIBE POR DEBAJO»
En concreto, Junts recalca que Cataluña tiene «un cuádruple desequilibrio económico-financiero» con el Estado: el primero, causado por la «discriminación» económica en el conjunto de comunidades de régimen común; y el segundo, por el «desequilibrio» financiero que el sistema de financiación autonómico aplica a Cataluña, la cual, según apuntan, «siempre aporta por encima de la media y recibe por debajo».
Otro de los desequilibrios tiene que ver con la deuda específica que el Estado mantiene con Cataluña en cuestiones como el pago de la disposición tercera del Estatut, la financiación de los mossos d Esquadra o el incumplimiento de compromisos firmes, como son los referidos a las inversiones en Rodalies, el corredor del Mediterráneo o los accesos al Puerto, entre otros.
Además, el grupo que dirige Laura Borràs habla de la «discriminación» aplicada en múltiples cuestiones que, a juicio de Junts, «siempre derivan en mayores contribuciones financieras o perjuicios directos para los ciudadanos de Cataluña». Entre éstos cita la «baja» inversión territorializada del Estado y menos ejecución en Cataluña, el «elevado» porcentaje de autopistas de peaje o, más recientemente, el decreto para la deslocalización de sedes sociales fuera de Cataluña de octubre de 2017.
Junts defiende que esta «objetiva discriminación» económica no sólo se refleja en las balanzas fiscales sino que, además, «desmiente» a quienes pretenden exigir a Cataluña unas contribuciones que «hoy son excesivas» y la aplicación de políticas de unidad de mercado mientras que «se regulan medidas destinadas a romperla».
