Fiscales progresistas auguran que los crímenes del franquismo seguirán sin juzgarse, pese a la nueva ley
El impulsor del procesamiento de Pinochet reclama un mandato expreso a los tribunales y cambiar el Código Penal si es preciso
El fiscal delegado de Medioambiente de Madrid, César Estirado, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pronostica que los tribunales españoles seguirán sin juzgar los crímenes del franquismo, pese a la recomendación que el PSOE y Unidas Podemos pactaron incluir en la nueva Ley de Memoria Democrática, aún en tramitación en el Congreso.
Pese a todo, Estirado considera correcta la fórmula propuesta por las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición en la enmienda al proyecto del Gobierno que registraron en el Congreso el pasado mes de diciembre.
En concreto, ambas formaciones plantean que la nueva ley recoja que «todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».
ASUMIR LA QUERELLA ARGENTINA
Según ha explicado en unas jornadas sobre Memoria Democrática organizadas en el Congreso por Unidas Podemos, ambas formaciones han seguido la recomendación que en su momento hizo la UPF sobre esta materia. A su juicio, la enmienda es «acertadísima», pero no porque permita pensar que cuando se apruebe «los jueces van a dejar de aplicar la Ley de Amnistía y van a empezar a perseguir los crímenes del franquismo» porque «no lo van a hacer».
Para Estirado, lo acertado de esa «coacción legítima del legislativo al judicial para que cumpla su función» reside en que se trata de «una llamada de atención de que el poder legislativo no va a ser cómplice» de la negativa de los tribunales a perseguir esas violaciones de los Derechos Humanos.
Por otra parte, Estirado ha saludado la creación, con la nueva ley, de una fiscalía de sala de memoria democrática y ha sugerido que lo primero que debe hacer esa fiscalía es «hacerse con la causa argentina» y que esa investigación se lleve a cabo en España.
Además, dando por hecho que hacer Justicia también será difícil porque muchos de los responsables de esos crímenes ya están muertos, Estirado apuesta por la creación de una Comisión de la Verdad que esclarezca esos hechos.
FONDO DE EMPRESAS PARA INDEMNIZACIONES
De su lado, el jurista Joan Garcés, impulsor de la querella que propició el procesamiento en España del dictador chileno Augusto Pinochet, se ha mostrado partidario de que la futura norma mandate con claridad a los tribunales a no aplicar la Ley de Amnistía para mantener la «impunidad» y ha sugerido que si para ello hay que modificar el Código Penal, así se haga, para dejar claro que en estos temas hay que aplicar los principios del Derecho Internacional.
También ha defendido el derecho de las víctimas o sus descendientes a pedir la revisión de las sentencias que les condenaron por motivos políticos, para que puedan ser anuladas porque «a una sentencia solo la anula otra sentencia». Por eso plantea que la ley permita solicitar esa revisión.
Además, Garcés ha reclamado la reparación económica de las víctimas que aún no han sido indemnizadas por incautación de bienes. En este sentido, ha propuesto la creación de una comisión de expertos, dirigida por el Gobierno, que cuantifique el provecho que sacaron las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo o cuasiesclavo de los represaliados, y que éstas sufraguen un fondo por esa cantidad que sirva para pagar esas compensaciones.
