Fijada para el día 31 la vista para formalizar el acuerdo del caso Obras Públicas
El acuerdo preveía penas de hasta siete años de cárcel para el cabecilla de la trama, de uno para su mujer y de dos para el resto de procesados
La Audiencia Provincial de Cantabria ha señalado para el 31 de octubre, a las 10.00 horas, la vista para formalizar la conformidad de los investigados en el ya conocido como caso Obras Públicas de adjudicación irregular de contratos de carreteras por parte de un funcionario de la Consejería del ramo a varios empresarios de la región.
La presidenta del tribunal del jurado, la magistrada de la Sección Tercera Almudena Congil, presidirá en la citada fecha el acto en el que la Fiscalía, el Gobierno regional, como acusación particular, y los investigados suscribirán el acuerdo al que llegaron tras la instrucción de la causa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
En este sentido, ha señalado que este acuerdo evita la constitución de un jurado, que sería el tribunal encargado de enjuiciar a los investigados.
Dado que éstos han anunciado que van a reconocer los hechos y se van a conformar con las penas pedidas por las acusaciones, el juicio no se celebrará.
La vista de conformidad ha sido señalada para el día 31, si bien, tal y como prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes pueden solicitar la suspensión de la misma si concurre alguna de las causas contempladas en la citada ley como, por ejemplo, la coincidencia con otro señalamiento al que deba acudir alguno de los letrados de las partes.
UNA CAUSA CON MÁS DE CIEN TOMOS
El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha sido el encargado de investigar la causa desde su inicio, el 18 de octubre de 2022, hasta que dictó el auto de apertura de juicio oral, el pasado 12 de septiembre.
El TSJC ha señalado que la envergadura y complejidad de este procedimiento en sus casi tres años de instrucción se traduce en 56 tomos de trámite, 55 de anexos documentales y más de doce terabytes de material aportado en soporte informático.
EL ACUERDO
Según el acuerdo alcanzado, al que tuvo acceso Europa Press, se condenará a siete años y un día de cárcel al principal encausado, el funcionario considerado cabecilla de la red, la pena para el principal encausado, que estuvo en prisión provisional durante seis meses y fue apartado de su puesto en la Consejería, donde era jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas en la etapa de los hechos–. Su mujer será condenada a uno y el resto de procesados a dos.
Además, han consignado las cantidades exigidas por la parte perjudicada, el Gobierno de Cantabria, para reparar en su «integridad» el daño económico causado, cifrado en más de 1,6 millones de euros.
