Fedea y CGE apuestan por una reforma fiscal que elimine los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos

Consideran que el margen de maniobra con respecto a los ingresos es menor dada la actual presión fiscal de la economía española

El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han abogado por una reforma fiscal «bien pensada» que se centre en la ampliación de las bases tributarias y en eliminar «agujeros» como los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos por el que tributan muchos autónomos y pymes.

El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado hoy una sesión titulada Presupuestos, deuda, déficit y consecuencias, con objeto de analizar las palancas sobre las que se debería actuar para volver a una senda de equilibrio fiscal que permita a España cumplir, de la forma más eficiente posible, con las nuevas directrices emanadas de la UE y recuperar un cierto margen de maniobra fiscal de cara a posibles crisis futuras.

Los expertos del CGE y de Fedea consideran que España necesita un plan de consolidación fiscal «urgente y convincente» para reducir el déficit público y la deuda. Esta consolidación fiscal debería llevarse a cabo, fundamentalmente, con medidas de control del gasto público —especialmente del destinado a las pensiones–, a la par que se acometen reformas estructurales y de mejora de la eficiencia de la gestión de las administraciones públicas.

Asimismo, consideran que el margen de maniobra con respecto a los ingresos es menor dada la actual presión fiscal de la economía española, aunque creen que se podrían abordar ciertas reformas centradas en ampliar las bases tributarias.

MÁS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

También abogan por eliminar los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos, primando los impuestos medioambientales que contribuyan a la transición energética, y poniendo el acento en la lucha contra el fraude fiscal.

El catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea, José Emilio Boscá, considera que esta consolidación fiscal debería llevarse a cabo con medidas sobre los ingresos y gastos públicos que no dañen el tejido productivo, a la par que se acometen reformas estructurales y de mejora de la eficiencia de las administraciones públicas que permitan incrementar el crecimiento potencial.

«UNA PRESIÓN FISCAL YA IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA»

Con respecto a los Presupuestos Generales del Estado para el 2024, el director de Estudios y Economía de Foment del Treball Nacional y consejero del Consejo Superior de Estadística del INE en representación del CGE, Salvador Guillermo, ha señalado «su importancia desde el punto de vista político, al ser los primeros presupuestos de la legislatura, de ahí que la presión para su aprobación va a ser más elevada».

Además, ha señalado las tensiones que se producen hacia la sostenibilidad a medio plazo de las finanzas públicas por las presiones que sobre el gasto se derivarán por el envejecimiento de la población, así como por un gasto en pensiones asociado a un sistema de reparto ante la jubilación de la generación del baby boom .

También ha alertado sobre el incremento del coste de la deuda derivado de la subida de los tipos de interés con un nivel de deuda pública elevada (108,1% PIB en 2023).

«Es un escenario con una presión fiscal ya importante en la economía española, con nulo margen de maniobra si somos conscientes de la mayor presencia de la economía sumergida en nuestra economía», ha advertido.

APROVECHAR LAS REGLAS FISCALES PARA UN CRECIMIENTO «SANO»

Asimismo, los expertos de Fedea y del CGE consideran que España debe aprovechar el nuevo diseño de las reglas fiscales europeas para devolver las cuentas públicas a una senda sostenible y propiciar un crecimiento más vigoroso y sano en el largo plazo.

El presidente del CGE, Valentín Pich, ha afirmado que la conveniente vuelta de las restricciones fiscales europeas va a obligar a la reducción del déficit público español a, por lo menos, el 3% del PIB. Por otra parte, la situación de la deuda pública, que se estima en el 108,1% del PIB al cierre de 2023, y las previsiones futuras de la economía española incita a pensar que es necesaria una revisión de la situación del déficit estructural.