Fedea pide introducir incentivos al trabajo en el IMV e involucrar activamente a las CCAA en su gestión

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera necesario introducir incentivos al trabajo en el ingreso mínimo vital (IMV) e involucrar activamente a las comunidades autónomas (CC.AA.) en su gestión, así como establecer criterios universales y uniformes para las garantías de suministros básicos.

Así se desprende del Informe sobre las medidas de proteccióna los colectivos vulnerables durante la crisis del Covid-19 , de la Comisión de medidas de protección a colectivos vulnerables del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC), que ha publicado este lunes Fedea.

En concreto, el Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 ha analizado las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis del nuevo coronavirus sobre los hogares más vulnerables, distinguiendo entre las ayudas indirectas para necesidades básicas y el ingreso mínimo vital.

En relación con las medidas de apoyo indirecto, que los expertos ven «positivas y necesarias», se han identificado problemas como los retrasos en su concesión, por lo que defienden que «hay que garantizar que se van a aplicar las medidas con carácter retroactivo».

Además, creen que habría que agilizar la gestión «reduciendo lo máximo posible» la documentación necesaria para poder acreditar el acceso a estas medidas, y «mediante la movilidad de personal desde administraciones que se enfrentan a una demanda menor».

Respecto a la suspensión del corte de suministro, los investigadores apuntan que esta medida «garantiza el acceso, pero no se soluciona la esencia del problema para aquellos que no puedan hacer frente al pago de los recibos». «Es necesario articular medidas para sufragarlo o subvencionar el gasto generado durante la pandemia», han subrayado.

En este sentido, creen que debería existir un criterio «universal, objetivo y uniforme» para garantizar los suministros básicos a los colectivos en situación de vulnerabilidad. Para ello, apuestan por se establecer un criterio económico objetivo y un sistema facilitador de la tramitación; e introducir el concepto de homogeneidad en la reglamentación en materia de Servicios Sociales de carácter municipal.

Sobre el ingreso mínimo vital, califican de «acertada» la idea de introducir el IMV «como cierre de la última red de seguridad económica y como principal herramienta contra la pobreza persistente, en particular contra la pobreza infantil».

«No podemos olvidar que el sistema de prestaciones español para cubrir las necesidades básicas de los hogares vulnerables, y muy especialmente de aquellos con hijos a cargo, se valora con gran consenso como insuficiente», han manifestado.

A su juicio, «lo más positivo» del nuevo ingreso mínimo vital es que se crea una garantía de rentas mínima a nivel estatal, «igualando en un mínimo a todas las CCAA». «Garantiza un mínimo común por parte del Estado, y da libertad a aquellas comunidades que así lo deseen para que complementen este mínimo garantizado. Se trata de un enfoque adecuado», han recalcado.

MAYOR POTENCIA Y EFECTIVIDAD CONTRA LA POBREZA

Sin embargo, también han identificado «algunos aspectos» que, desde su punto de vista, «sería conveniente mejorar en un futuro próximo para dotar de mayor potencia y efectividad contra la pobreza a este nuevo programa».

En este sentido, apuntan que, tal como está diseñado el nuevo ingreso mínimo vital, «no hay ningún tipo de obligación por parte de las CCAA para colaborar y éstas podrían, si quisieran, retirar estratégicamente sus rentas mínimas para que fueran reemplazadas por el IMV estatal». «Creemos imprescindible involucrar más activamente a las CCAA para garantizar que no reduzcan sus recursos contra la pobreza», han indicado.

En su opinión, existen varias posibilidades: garantizando el mínimo estatal homogéneo por regiones, y en función de la capacidad de cada una de ellas, impulsar un mecanismo para que las CCAA participen en la cofinanciación del IMV o se encarguen, por ejemplo, de financiar algún complemento; se ocupen de financiar los incentivos monetarios al empleo; o se comprometan a incrementar el gasto en políticas activas y de formación para atender a los perceptores del IMV.

Por otra parte, aseguran que es «fundamental» que los incentivos al empleo se diseñen «cuanto antes». Así, opinan que deberían funcionar como un Impuesto negativo sobre la renta ( Negative income tax o un «complemento salarial», es decir definirse de tal forma que un euro más obtenido por horas de trabajo suponga una pérdida de menos de un euro de prestación y un euro menos obtenido por horas de empleo suponga un aumento de menos de un euro de la prestación.

También creen que debe acompañarse de mecanismos de control que eviten transiciones entre empleo y desempleo motivadas por posibles desincentivos «perversos» que pudiera tener el IMV, controlando tanto a los beneficiarios como a las empresas que colaboran en ese fraude.

Asimismo, consideran que habría que definir puertas de entrada y salida flexibles del programa de IMV, para evitar que se rechacen ofertas laborales por el temor a perder la prestación si el tiempo para volver a entrar en el programa es demasiado largo e inflexible.

Apuestan además por conseguir que los perceptores de la prestación tengan acceso a unos servicios públicos de empleo reforzados, y sigan itinerarios de formación de calidad. Además, para colectivos como las familias monoparentales, la incorporación al mercado laboral depende de la disponibilidad de guarderías y de oportunidades de conciliación entre vida personal y laboral.