Fedea apoya traspasar Cercanías a CCAA, pero pide que no se ponga en riesgo la red de infraestructuras general

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apoya el traspaso de la red ferroviaria de Cercanías a las comunidades autónomas, como en el caso de Cataluña con Rodalies, aunque advierte de que esta transferencia no puede comprometer la red de infraestructuras de interés general, que cree que debe permanecer en manos de la Administración General del Estado.

Así lo pone de manifiesto Fedea en uno de sus artículos en los que valora los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con las formaciones independentistas. Uno de ellos tiene que ver con el traspaso de Rodalies a Cataluña.

Y precisamente, este mismo viernes, el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha abierto la puerta a que el traspaso de Cercanías se pueda realizar a otras comunidades autónomas además de a Cataluña.

«Parece lógico que las competencias sobre los servicios de ámbito local o regional estén en mano de la administración más cercana cuyo territorio englobe el ámbito geográfico de tales servicios», señala el artículo de Fedea.

Por tanto, la entidad ve comprensible el traspaso a las comunidades autónomas de los servicios de Cercanías y corta o media distancia intra-regional, aunque señala la importancia de que estas transferencias «se valoren de forma razonable».

PERO QUE SE MANTENGA LA MISMA INVERSIÓN

En este contexto, Fedea apunta a mantener un nivel de gasto o inversión similar al realizado por el Estado en los territorios donde el Gobierno central sigue ejerciendo la competencia, y que «no comprometan en modo alguno el buen funcionamiento de los servicios ferroviarios y la red de infraestructuras de interés general, que han de permanecer en manos de la Administración General del Estado».

En cuanto al acuerdo con ERC sobre el traspaso de Rodalies, el informe de Fedea apunta a dos posibles riesgos que podrían no respetar las condiciones de inversión y de comprometer los servicios ferroviarios.

«El primero es que se pretenda utilizar el traspaso para conseguir, a costa del Estado, mejoras a la carta de la dotación de infraestructuras o los estándares de servicio que sitúen a Cataluña claramente por encima de los niveles medios de servicio en el conjunto del país», explican.

Y el segundo tiene que ver, según apunta Fedea, con la cláusula del acuerdo que abre la posibilidad de transferir en el futuro tramos de infraestructura no destinados únicamente a servicios de titularidad de la Generalitat, «lo que no debería contemplarse en ningún caso».