Fedea advierte de que la tarifa eléctrica subirá más de un 30% en cuanto el Gobierno retire las ayudas
Pide retirar la bonificación a los carburantes por contraproducente
Fedea estima que la tarifa eléctrica subirá más de un 30% en cuanto el Gobierno retire las ayudas adoptadas en los últimos meses para hacer frente al encarecimiento de la energía, según indica en el Boletín «Situación económica y respuesta a la crisis de Ucrania», publicado esta semana.
El análisis, elaborado por el director de Estudios de Fedea, Ángel de la Fuente, recuerda que en el caso de la electricidad el tipo impositivo efectivo se ha reducido en torno a 30 puntos en poco más de un año, por lo que advierte de «una subida de la tarifa» en esta misma proporción cuando las ayudas desaparezcan.
«La vuelta a la normalidad en materia tributaria y de cargos supondrá, cuando se produzca, una subida de la tarifa eléctrica de alrededor de un tercio que representará un fuerte shock inflacionario, a menos que se pueda hacer coincidir con una corrección a la baja de los niveles de precios energéticos tras el fin de la guerra de Ucrania», apunta De la Fuente en su análisis.
El director de Estudios de Fedea también alerta de que la bonificación de 20 céntimos a los carburantes puede ser contraprudente y considera que debería «eliminarse por su elevado coste y sus negativos efectos de incentivación del consumo mediante una reducción artificial de los precios».
LAS MEDIDAS NO ARREGLAN EL PROBLEMA SUBYACENTE
En su opinión, las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la inflación solo han servido para «reducir los síntomas inflacionarios» pero «no solucionan el problema subyacente».
De la Fuente señala que España ha tomado muchas más medidas de respuesta la inflación que otros estados miembros de la Unión Europea, y alude a las subvenciones, las rebajas impositivas y el tope del gas, conocido como «excepción ibérica».
Fedea recomiendo al Gobierno replantear ciertas ayudas y medidas fiscales adoptadas para responder a la crisis y espera que el Ejecutivo avance hacia «una reasignación de recursos hacia políticas más eficientes y equitativas».
