Familias de los periodistas ecuatorianos asesinados subrayan que la muerte de Guacho no implica «justicia»
QUITO, 22
Las familias de los tres periodistas ecuatorianos asesinados por el Frente Óliver Sinisterra de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han subrayado este sábado que la muerte de su líder, alias Guacho y su lugarteniente no implica «justicia».
«Bajo ningún concepto es motivo de celebración la pérdida de una vida. Con la muerte de los dos se va mucha información que debe haber sido muy importante para el esclarecimiento del caso y llegar a la verdad del mismo», ha argumentado Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl Rivas. «Con esta muerte, no se hará justicia, al contrario, la justicia tienen otros contextos en los que hay que investigar para llegar a la verdad», ha argumentado.
Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo, ha pedido que no se cierre la investigación del caso y ha invitado a las fiscalías de Ecuador y Colombia a depurar responsabilidades a todos los niveles. En concreto a apuntado a varios «cabos sueltos» que deben ser resueltos como la información del 28 de marzo en medios colombianos en la que se aseguraba que el equipo periodístico había sido liberado.
Así, esperan que les entreguen una información desclasificada completa como han ofrecido las autoridades en hasta seis ocasiones y que de momento no se ha hecho efectiva.
Por su parte, el Gobierno ecuatoriano ha agradecido a Colombia el haber localizado a Guacho . «El Gobierno Nacional reconoce y agradece la acción de las fuerzas del orden de Colombia por haber dado con el paradero del delincuente. Los criminales deben saber que no se pueden salir con la suya cuando los Estados y su fuerza pública actúan con contundencia y apego a la ley», señala Quito.
Guacho también está tras el secuestro y posterior asesinato de Óscar Villacís y Katty Velasco, una pareja de ecuatorianos, y de las muertes de cuatro militares. Era uno de los criminales más buscados en Colombia y Ecuador, cuyos gobiernos ofrecían hasta 700 millones de pesos (unos 200.000 euros) de recompensa por información sobre su ubicación.
