Facua denuncia nuevas subidas de márgenes paralelas en marcas blancas de aceite de oliva en los supermercados

Facua-Consumidores en Acción ha presentado una nueva denuncia a la Dirección General de Consumo en la que pone de manifiesto subidas de precios paralelas en las marcas blancas de aceite de oliva de ocho grandes cadenas de supermercados, lo que apunta a la existencia de incrementos ilegales en sus márgenes de beneficio, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización de consumidores interpuso este martes una denuncia contra Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona, y como reacción a ella, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado hoy de que ha enviado un segundo requerimiento de información a estas cadenas para comprobar si sus subidas de precios están vinculadas a aumentos de márgenes, prohibidos por el real decreto-ley que establece la rebaja del IVA.

Desde diciembre de 2022, Facua viene controlando una vez al mes la evolución de los precios del aceite de oliva y, a partir de este julio, ha comenzado a realizar sus análisis a diario. Los análisis muestran cómo, de manera continuada, cuando una de las cadenas modifica los precios de su marca propia de aceite de oliva, el resto la imita para igualarlo o reducir sus diferencias en unos pocos céntimos por litro.

El último movimiento para igualar precios se produjo a mediados de julio, ya que l pasado día 15, Mercadona fijó en 8,95 euros el precio de su aceite de oliva virgen extra en envase de 1 litro y dos días después, Alcampo e Hipercor modificaron sus precios para igualarlo, mientras que el 18 de julio, Eroski lo fijó también en 8,95 euros, Carrefour lo estableció en 8,93 euros y Dia en 8,99 euros.

Aunque ahora se ha producido una bajada, Facua ha señalado que, continuadamente, las cadenas han venido aplicando subidas de forma paralela. Y si en la última ocasión todas las cadenas han imitado la conducta de Mercadona, anteriormente no se ha producido siempre un seguimiento del líder de la distribución nacional.

Por ejemplo, en agosto de 2023, Alcampo, Aldi y Lidl subieron los precios de su envase de 1 litro de aceite de oliva virgen extra a 8,49 euros, frente a los 6,45 euros que las tres cadenas cobraban en julio. A continuación, Mercadona aplicó una subida en septiembre por la que su precio pasó de 6,95 a 8,50 euros. Ese mismo mes, Hipercor subió de 6,95 a 8,50 euros, Eroski 6,80 a 8,50 euros, Dia de 7,99 a 8,50 euros y Carrefour de 6,79 a 8,49 euros.

Las ocho cadenas mantuvieron igualados sus precios en octubre. Y en noviembre, todas aplicaron subidas para igualar nuevamente el precio, esta vez a 9,25 euros, que se mantuvo estable en diciembre en las ocho grandes empresas de distribución.

En un primer seguimiento realizado por la organización a comienzos de julio, las seis cadenas que ha comenzado a monitorizar a diario habían aplicado un nuevo cambio para igualar sus precios, esta vez con una bajada, situándolo en 9,19 euros en el caso de Mercadona, Eroski, Hipercor y Día, y en 9,18 para Carrefour y Alcampo.

En su nueva denuncia, Facua ha señalado que los datos recabados en sus análisis llevan a concluir que «existen indicios suficientes para sospechar de la existencia de irregularidades en los mecanismos de fijación de precios de las ocho cadenas de supermercados denunciadas, por los que habrían venido aplicando subidas de márgenes de beneficios en distintos meses de 2023 y 2024».

De esta forma, la organización de consumidores recuerda que en los alimentos con el IVA rebajado está prohibido aplicar cualquier incremento de márgenes desde la entrada en vigor de la medida, en enero de 2023. Ante su incumplimiento, las competencias sancionadoras están en manos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como de las autoridades autonómicas de protección a los consumidores.

El artículo 72 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, señala en su apartado 3 que «la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos».

Los incrementos de márgenes supondrían infracciones en materia de defensa de los consumidores, tal y como establece el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En la letra f de su apartado 1, el citado artículo tipifica como infracción «el incumplimiento de las normas reguladoras de precios (.) o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales».

PRIMERA DENUNCIA EL PASADO MES DE NOVIEMBRE

Facua interpuso la primera denuncia a comienzos del pasado noviembre ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al detectar que las cadenas llevaban tres meses aplicando precios idénticos en sus aceites de oliva, ante lo que le pidió que investigara si estaban vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia.

La organización de consumidores lamenta que casi nueve meses después, la CNMC «no ha dado ninguna respuesta». Ahora, Consumo le ha trasladado la nueva denuncia «para que pueda contribuir a esclarecer posibles distorsiones en el mercado», sin perjuicio de que el Ministerio pueda emprender las actuaciones sancionadoras que le corresponden en el marco de sus competencias por las subidas ilegales de márgenes.

Por su parte, denuncia que desde que entró en vigor la medida, en enero de 2023, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha hecho público ni un solo análisis sobre la evolución de los precios y los márgenes del aceite de oliva en los establecimientos comerciales y el resto de miembros de la cadena alimentaria.

Tras una solicitud de información a través del Portal de Transparencia, Agricultura contestó a Facua el pasado año asegurando que que no lleva a cabo esos análisis porque «no tiene competencias en materia fiscal», cuando lo que le estaba reclamando era el control sobre la evolución de los márgenes y a pesar de que el ministro Luis Planas se comprometió públicamente a vigilar el cumplimiento de la medida al publicarse en el BOE el real decreto-ley que establece la rebaja del IVA y prohíbe las subidas de márgenes.