Extremadura seguirá «cumpliendo la legalidad vigente» en inmigración y Vox lo tacha de «solidaridad hipócrita»

MÉRIDA, 12

La Junta de Extremadura ha reafirmado que seguirá «cumpliendo la legalidad vigente» en materia de inmigración, aunque en la Moncloa estén «de brazos cruzados» en este tema, mientras que Vox lo ha tachado de «solidaridad hipócrita».

De esta forma se ha pronunciado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura ante una pregunta del portavoz de Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, sobre la política de la Junta de Extremadura sobre la inmigración ilegal.

En su intervención, la también consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, ha defendido que Extremadura «es una región responsable y solidaria», que cumple «con sus obligaciones y con la legalidad».

En cualquier caso, la portavoz de la Junta ha recordado que la inmigración es una competencia nacional, ante la que el Gobierno de Pedro Sánchez «está demostrando que no tiene liderazgo ni interés real por actuar y ni siquiera se plantean las posibles soluciones que les llevamos pidiendo desde hace tiempo».

Una «dejadez que está generando caos inédito», ha lamentado la portavoz de la Junta, quien ha criticado que Pedro Sánchez «no dialoga con las comunidades autónomas, no hay medidas claras, no pide ayuda a la Unión Europea», cuando se trata, según ha dicho, de «asuntos de Estado que no se pueden posponer».

VOX SEÑALA QUE LA INMIGRACIÓN «TRAE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA»

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox ha alertado de que «en seis meses, Extremadura va a triplicar el número de menas en nuestras calles», ya que «lo que iban a ser 30 luego serán 300 y pronto serán 3.000, y lo que te rondaré morena».

Fernández ha considerado que la dotación de recursos públicos para la manutención de estos menores que llegan a España «está aumentando el efecto llamada», algo que se está «viendo en Canarias, un caos al que contribuye también su Gobierno, trayendo ilegales a Extremadura, ninguno de los cuales, por cierto, se alojará en ninguna de sus casas», ha apuntado.

El portavoz parlamentario de Vox ha tachado de «solidaridad hipócrita» la que ejerce la Junta de Extremadura «con dinero, que por supuesto no es suyo», lo cual «sería una anécdota si esto no derivara en violencia y delincuencia», ha alertado.

Óscar Fernández ha aseverado que «no solo es el Gobierno de la nación de Pedro Sánchez», sino que también el Gobierno de la Junta de Extremadura «puede hacer cosas para luchar contra esto», y en ese caso, «para empezar, pueden no traer los menas y pueden intentar llevarlos con sus padres».

«Ustedes, como Administración, no deberían colaborar» en la llegada de estos inmigrantes, ha considerado Fernández Calle, quien ha advertido de que «si colaboran, serán responsables de todo lo que pase».

RESPUESTA DE LA JUNTA

Finalmente, la portavoz de la Junta de Extremadura ha reiterado que «la inmigración es competencia del Gobierno de España», pero en la Moncloa «están de brazos cruzados y de espaldas la realidad», pero «los problemas no se solucionan por oxidación».

«Es más, se está generando desigualdad e insolidaridad», ha alertado Bazaga, quien ha lamentado que «no hay plan de acción, ni hay fondos para las comunidades autónomas, ni se ponen a disposición infraestructura, ni hay un diálogo con todos los territorios».

Ante esta situación, ha reivindicado que la Junta de Extremadura «defiende una política migratoria de Estado que involucre a los países de origen y a la Unión Europea, pero el Gobierno ni siquiera ha mirado al continente, ni ha pedido ayuda a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, ni da más medios a los cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras», ha lamentado.

Por todo ello, ha lamentado que el presidente del Gobierno «demuestra cada día que no está a la altura de sus responsabilidades», mientras que la Junta de Extremadura ha actuado «con dignidad y con sinceridad», ya que «históricamente ha sido tierra de migrantes», tras lo que ha reafirmado que el Ejecutivo regional seguirá «cumpliendo la legalidad vigente en esta materia».

También seguirá «exigiendo al Gobierno de España que actúe, que mire también al resto de comunidades, que dialogue con todos, que afronte la realidad, que haya plan de acción, planificación coordinada, recursos adecuados y, lo más importante, que lo haga con transparencia», algo que realizará «con dignidad y seriedad», ha concluido.